El receso se terminará abruptamente para muchos, puesto que deberán dar señales fuertes de intenciones de cambio para que Nación no tome acciones concretas con el Poder Judicial local. Hasta ahora, el monitoreo realizado arroja resultados negativos, con poca capacidad de que las instituciones de la Provincia den respuestas.

"¡santo cielo, ya es la hora!", se escuchará hoy temprano y no será la repetición de un spot para que los chicos vayan a la cama, sino la expresión de varios referentes de la Justicia correntina que por estas horas pasaban tranquilos su merecido descanso invernal y deberán levantarse de inmediato para nadar contra la corriente. Es que se hará presente el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, junto a una comitiva cargada de energías para actuar respecto a lo que está pasando en el servicio judicial local.

Cierto es que en primer término participarán hoy de la apertura del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), ubicado en calle San Martín 1.239 de la Capital, donde estará, además de Álvarez, el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi, y la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Florencia Carignano.

El anfitrión será el intendente Camau Espínola, quien hizo posible este avance de la inauguración del CAJ luego de un convenio que firmó meses atrás con el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, aunque se descuenta que del acto participará también la senadora, Josefina Meabe.

Pero en el después del acto estarán posadas las miradas de los que hacen a la vida diaria del servicio de justicia correntino, ya que las deficiencias constantes y cada vez mayores han terminado por poner en la mira del Estado central al Poder Judicial. Y sabido es que desde Buenos Aires, sin contemplaciones, podrían definir "cortar por lo sano" si es que en la brevedad no se observan acciones concretas que demuestren la voluntad política de encausar el funcionamiento judicial local.

Esto marcará un final anticipado del receso para muchos que antes del inicio de las vacaciones se llamaron a silencio en la ex Casa Nalda.

Dejaron pasar un tiempo considerable luego de que se supo de la llegada de los referentes nacionales a Corrientes. Se esperaba que, con el correr de los días, se sucedieran decisiones que permitieran marcar la decisión concreta de que los correntinos no quieren ser arrastrados por posiciones extremas de los que creyeron que la Justicia se manejaba con patrones de estancia.

Pero llegó el receso y nada pasó. Y la degradación del sistema judicial correntino terminó por quedar en la mira del poder nacional, el cual está decidido a encarrilar el funcionamiento del Poder Judicial correntino.

La Legislatura se muestra como un poder impotente para encausar la crítica situación del otro poder del Estado. En el ámbito de la Cámara de Diputados está, desde hace meses, un pedido de juicio político a tres de los ministros, sin que el pleno resuelva darle curso ni rechazo. En una de sus comisiones está, también desde hace tiempo, un proyecto que regula el funcionamiento de la Corte provincial sin que se le dé trámite, en tanto se multiplican las quejas por el irregular funcionamiento del Superior Tribunal, sospechado de manipulación en la circulación de las causas, y digitación en la integración del cuerpo.

La falta de garantías y de transparencia ha puesto a la Corte local en la mira. A falta de una regulación por parte del propio cuerpo, diputados de distintas bancadas promovieron un proyecto de ley que apunta a desterrar la crítica de la existencia de jueces especiales al margen de las disposiciones legales y constitucionales.

Empero la iniciativa quedó trabada en el ámbito de la Cámara baja.

Los funcionarios que hoy inaugurarán el CAJ, además dejarán un mensaje suficientemente explícito como para entender que no hay margen para más dilaciones.

Por lo que pudo saberse, la iniciativa del Presidente, de lograr reunirse con el alto funcionario nacional no prosperó.

Es conveniente recordar que antes de ingresar en la feria administrativa y judicial, el presidente del Superior Tribunal, Carlos Rubín, admitió implícitamente la posibilidad de dimitir. Aunque en Nación, más que un cambio de hombres, lo que se espera es un cambio de políticas y la adopción de procedimientos que otorguen garantías y transparencia que hoy no existe, y que en su extrema gravedad han puesto a la Justicia de Corrientes en la mira de todos.