El lunes último el gobernador Ricardo Colombi manifestó su preocupación por el aumento de hechos delictivos en la provincia, en mayor cantidad en Capital, que para él está directamente vinculado a la cantidad de procesados que por “resoluciones judiciales” salieron de las unidades penales. “Éstos son los responsables de la ola delictiva. Los dejan libres y vuelven a cometer delitos”, denunció.

Fueron varios los actores, con peso institucional, del Poder Judicial los que ayer salieron a responder al Mandatario que responsabilizó a los jueces penales porque desde noviembre de 2011 hasta la fecha liberaron 476 personas con antecedentes.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Rubín, interpretó que “no es la primera vez” que tratan de vincular las liberaciones de procesados con la suba del índice de criminalidad, que según el Gobierno es del 10% en el primer trimestre de 2012.

“No es un razonamiento válido. Si se deja en libertad a un procesado es porque corresponde de acuerdo a la Ley. Además un juez no pude vaticinar que ese procesado que deja en libertad va a cometer nuevos delitos. Si se exige que se retenga a esta persona, se estaría violando toda la organización jurídica argentina; sólo por el supuesto de que en el futuro pude cometer un delito.

Eso sería una barbaridad”, declaró el titular del máximo Tribunal de Justicia local.

Rubín consideró que se trata de “un concepto erróneo” que representa “a un sector de la sociedad”. “Pensar así es ir contra todo el régimen jurídico basado en el principio de inocencia”, apuntó el alto magistrado.

El Ministro del STJ consideró “válida” la preocupación de Colombi por los niveles de inseguridad en Corrientes y el reclamo de la sociedad “que no quiere que se cometan más delitos”. “Para que esto no ocurra, primero, va a depender de que se prevenga; y si se comenten, que esos delitos sean reprimidos después”, indicó. Aclaró que “los procesados no pueden tener seguimiento (policial o judicial) de sus acciones porque le asiste el principio de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario”; y que ordenar su vigilancia permanente “sería ilegal”. “Cómo vamos a perseguir a todos los procesados, si todavía no se determina si son culpables o no”, indicó. Rubín reveló que “desde el año pasado” no dialoga con el Gobernador, pero que en los encuentros anteriores “nunca me planteó esta cuestión. Si él quiere lo hablemos, estoy a disposición”, señaló.

Insistió en que lo de Colombi es “un razonamiento erróneo”, que tal vez parte “del acrecentamiento de los delitos”. Pero opinó que la inseguridad “se previene con políticas de Estado” que involucran a los tres Poderes.

“Lo ideal sería que todo el mundo tenga empleo, que la sociedad no tenga necesidades apremiantes, que no haya hacinamiento en las ciudades, que la gente viva mejor y más feliz. Como eso no se da y solo existen paliativos, entonces se acrecienta el número de delitos por esta serie de factores.

No es culpa del Poder Judicial que larga a los procesados, sino por la situación social imperante”, reflexionó con la prensa el presidente del STJ provincial.