La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la declaración de inconstitucionalidad del cobro de la Tasa de Inspección Veterinaria ejercido durante varios años por la Municipalidad sobre la introducción de alimentos y bebidas al Partido de General Pueyrredon, en el marco de una causa iniciada por la empresa Aguas Danone. El fallo fue emitido semanas atrás y ratificó una sentencia de primera instancia que ya había sido adoptada por el Juzgado Federal Nº4, al mismo tiempo que obligó a la comuna local a hacerse cargo del pago de las costas del juicio.

Si bien en este caso la demanda fue impulsada por la firma Danone, la resolución definió una postura ante las distintas controversias que la Municipalidad protagonizó a lo largo de los últimos años por el criterio utilizado para exigir el cobro de la Tasa de Inspección, con la que se pretendía gravar la introducción de distintas mercaderías al distrito.

La polémica más resonante fue la que la gestión del intendente Gustavo Pulti había mantenido con todas las empresas del rubro pesquero, a las que en 2007, pretendió cobrarles una millonaria suma de dinero mediante este tributo.

Finalmente y en una causa iniciada en ese mismo momento, la Justicia terminó dándole la razón a Aguas Danone, que argumentaba que la comuna no tenía ninguna clase de atribución para imponer esta clase de obligaciones.

Si bien la inconstitucionalidad rige exclusivamente para este caso y no se hace extensiva a la generalidad de los supuestos, lo cierto es que la causa es análoga a la que por su parte también habían emprendido las empresas pesqueras.

La sentencia de la Cámara, firmada por los jueces Alejandro Tazza y Jorge Ferro, estableció que, en contra de la postura esgrimida por los funcionarios municipales, el criterio utilizado para exigir el cobro de la Tasa de Inspección era inconstitucional.

En realidad, tras la fuerte pelea protagonizada por la gestión del actual jefe comunal con el sector pesquero, tiempo atrás ya había habido en el plano político, una tácita admisión por parte de la comuna de la inexistencia de fundamentos sólidos para exigir el pago del tributo.

Es que en 2010, la Municipalidad adhirió a un convenio por el cual accedió a un mayor porcentaje de coparticipación por parte de la Provincia de Buenos Aires a cambio de dejar de aplicar esta controvertida tasa, cuya implementación -también ejercida por otros municipios- tenía amplios cuestionamientos jurídicos.

Había jurisprudencia

Según se desprende del texto de la Cámara Federal, en su demanda Aguas Danone también llamó la atención sobre el hecho de que la comuna local hubiese exigido el cobro de la tasa aún sabiendo que existían numerosos argumentos legales que desaconsejaban hacerlo.

En un párrafo se hace expresa mención a que la empresa demandante pidió que se tuviera en cuenta la existencia de "variados antecedentes jurisprudenciales" en contra de la aplicación del tributo, pese a lo cual, se insistió en su cobro, solicitando que este dato fuera tenido en cuenta para imponerle a la administración publica local el pago de las costas del juicio.

En su argumentación, el juez Alejandro Tazza destacó que el Código Alimentario Argentino establece que los productos que se elaboren de acuerdo a esta norma "podrán comercializarse, circular y expenderse en todo el territorio de la Nación". Por esa razón, y tras citar a algunos analistas de la materia, el magistrado consideró que la aplicación de la Tasa de Inspección Veterinaria ejercida por la comuna local era "contraria a al sistema organizado por el Código Alimentario Argentino" ya que los municipios sólo están facultados a realizar controles en las bocas de expendio y no así en el momento en el que la mercadería es introducida a su jurisdicción.

En la demanda se había argumentado que la comuna pretendía ejercer un "control del control" al tratar de realizar una tarea propia de otros organismos como el Senasa o la Anmat contrariando a la Constitución. En ese sentido se indicó que "lo que la Constitución no quiere es el impuesto a la extracción o introducción del producto o que se obstruya su libre tránsito o que se establezcan odiosas desigualdades entre ciudadanos de distintas provincias".

El conflicto más resonante

La demanda de Aguas Danone, que se inició en 2007, fue una de las tantas que en ese momento afrontó la comuna por la decisión de imponer el cobro de un tributo al ingreso de mercadería al Partido. La pelea más fuerte tuvo como protagonistas a las cámaras pesqueras a las que la comuna trató de obligar al pago del tributo por el sólo hecho de que los desembarques de materia prima traspasaran la frontera del puerto para ingresar al ejido urbano de Mar del Plata.

Los cálculos hechos en ese momento hacían referencia a la posibilidad de que el municipio percibiera una cifra de dinero millonaria.

La negativa del sector a abonar esta tasa fue taxativa, razón por la cual, algunas cámaras empresariales también pusieron en marcha un proceso judicial en contra de los funcionarios municipales.

Al percibir la complejidad de la cuestión, el gobierno local resolvió entonces variar el rumbo y suspender la medida. En el curso de aquella disputa, las empresas pesqueras pusieron además sobre la mesa sus quejas por la falta de inversiones públicas para reparar y conservar la infraestructura urbana de la zona fabril del puerto.

Como resultado de las intensas discusiones, se terminó firmando un acuerdo por el cual el municipio puso en marcha un plan de mejoras con el aporte económico de las empresas y comercios de la zona por un monto total de 8 millones de pesos. Las obras dieron comienzo hace más de un año y días atrás, cámaras del sector hicieron saber su disconformidad con el resultado y el estado de avance.

Un aporte de $8 millones a pesar de los desacuerdos

El reclamo por el pago de la Tasa de Inspección Veterinaria realizado años atrás a la industria pesquera fue ejercido con suma vehemencia por parte de las autoridades municipales que, en 2007, pretendían obtener por esta vía una millonaria suma de dinero. Si bien en aquel entonces desde el sector pesquero se argumentaba que la disposición era inconstitucional, lo cierto fue que transcurrieron varios meses hasta que el Ejecutivo admitió revisar su postura y dar marcha atrás con la medida de manera progresiva, hasta llegar al punto de aceptar la eliminación definitiva de este tributo para todos los casos. No obstante la cuestión se judicializó con un resultado negativo para la Municipalidad, en un juicio promovido por una empresa de bebidas que al igual que las empresas pesqueras se había visto afectada por el criterio de aplicación del tributo. Pese a haber atravesado por este conflicto, la relación entre la gestión municipal y la industria pesquera, logró recomponerse de manera relativa. Tal fue así que la pesca (en su rama industrial, comercial y de servicios) aceptó hacer un aporte de 8 millones de pesos para financiar obras de infraestructura en la zona fabril del puerto y mejorar así el estado de las calles del barrio. De todos modos, ese acuerdo tampoco fue un camino de rosas ya que a un año de celebrado resurgieron tensiones. Esta vez, por la disconformidad de los aportantes con la calidad de los trabajos y sus plazos de ejecución.