Lejos parecen estar de querer ser funcionales a las actuales necesidades de Rubín, pero tampoco parecen dispuestos a que, en nombre de la debilidad de la Corte como tal, se produzca "una capitis diminutio" de magnitud.

La Corte provincial aprobó su cálculo de gastos y recursos del año próximo. Prevé 655 millones de pesos para el funcionamiento del Poder Judicial. Este número dejó boquiabiertos a varios en el Gobierno, desde donde sintieron cierto tufillo a revancha por una cuestión aún latente: el juicio político contra tres superiores que el oficialismo no frenó en la Legislatura.

Ayer, los ministros del Superior advirtieron que la cifra propuesta por la Provincia dentro del cálculo financiero compromete la prestación del servicio judicial. Se escuchó así la campanilla que dio inicio a de un nuevo round entre ambos poderes, ya que todos los años se da este tire y afloje, que hace tiempo termina con Rubín yendo cabizbajo y a hurtadillas a la Rosada local.

Este año, este escenario cuenta con la novedad del pedido de juicio contra tres de los ministros, que quedó en Secretaría de Diputados instalando así la posibilidad de que la Cámara lo trate sin mayores preámbulos. Por esto, algunos hasta hablan de un pase de factura aunque admiten que la pólvora está algo más que mojada y podría terminar acelerando los tiempos de las definiciones en el rico espectro multipartidario que parece coincidir en la necesidad de un recambio y una oxigenación de la Justicia local.

Es que no es un dato menor que el anteproyecto presupuestario judicial, con 655 millones de pesos supere en más del 85 por ciento al del cálculo financiero estimado por el Ejecutivo. Y a esto se le debe agregar que para el ejercicio actual se destinaron 355 millones, lo cual marca otra diferencia importante en cuanto a guarismos de aquí a un año.

El Poder Judicial tiene su autarquía, donde se establece un porcentual para el funcionamiento del servicio de justicia provincial. Por ello extraña que todos los años estén, el Gobierno y la Justicia, en esta controversia que pone siempre a Rubín en una peregrinación bastante cuestionada hacia la Rosada. Es ya una cuestión que salpica al Gobierno y al curuzucuateño, ante posturas que ya provocan malestar en quienes se convierten en simples espectadores de una escena antes vista.

Esta situación ya provocó bastante malestar en la cúpula judicial, más allá de no haber existido cruces fuertes de conocimiento público, son varios los ministros que deslizaron algunos achaques respecto al rol de su Presidente. Por ejemplo, el doctor Chaín admite que el Superior no funciona como órgano colegiado al señalar la necesidad de que el titular de la Corte se encargue de votar en una ubicación que le permita desempatar en cuestiones que muestren empate de voluntades para la resolución (ver página 2).

Así las cosas, lo cierto es que la Justicia mostró que tiene varias cartas por jugar en caso de que el Gobierno le piense dificultar el camino. A lo propuesto por el Poder Ejecutivo para el Judicial ($453.873.325 millones) en el Presupuesto 2012, el Superior decidió agregarle la nada despreciable suma de 201.175.071 millones de pesos, marcando un anteproyecto con 655.048.396 millones de pesos. Pero el dato en realidad lo otorga la diferencia que se da al observar los 655 millones que pide el Poder Judicial para 2012 a comparación de los 355 millones del Presupuesto 2011. Representan 300 millones de pesos más; es decir, pretenden un aumento del 85 por ciento de sus recursos de un año a otro.

Los ministros, en su Acordada expresaron cierto fastidio hacia el Ejecutivo, asegurando que la diferencia en los guarismos alcanzada se da "en razón de que el Poder Ejecutivo, sin consultar previamente a este STJ, remitió dentro del Presupuesto general de la Provincia una cifra que compromete seriamente el servicio esencial de Justicia, a cargo de este Poder del Estado, el cual debe garantizar esa prestación".

Y agregaron que "esa circunstancia viola la autarquía financiera del artículo 192 de la Constitución provincial pues el precepto constitucional exige enviar nuestro presupuesto con las observaciones que estime corresponder, lo que no se ha hecho".