En la sentencia definitiva, dictada por los Jueces del Tribunal del Trabajo Nº 1, Víctor Hugo Guida y Mauricio Javier Bordino y por el Juez del Tribunal del Trabajo Nº 4, Rodolfo Francisco Martiarena, se convalida la competencia del ministerio de Trabajo provincial "para encauzar el conflicto" y, por ende, se desestima la petición de la recurrente de que se revoquen totalmente los actos administrativos dictados por ese organismo.

A su vez, el fallo establece que "el no acatamiento, por parte de cualquiera de los contendientes de lo que aquí se resuelve, será posible de la aplicación de `astreintes´, las que serán fijadas oportunamente y graduadas prudencialmente por este Órgano jurisdiccional".

Asimismo, en el fallo se expresa el requerimiento al gobierno provincial de que "eleve a la consideración del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires, un proyecto de Ley de creación del `organismo imparcial´ al que hace alusión el artículo 39, inciso 4 de la constitución", con el propósito de "garantizar la substantación de los conflictos colectivos entre el Estado y los trabajadores estatales".