Unos 60 expedientes fueros secuestrados del Ministerio de Obras y Servicios Públicos en la capital rionegrina. Fue en el marco de un allanamiento dispuesto por el juez penal Guillermo Bustamante, y a solicitud del fiscal Marcelo Álvarez.

Ambos encabezaron el trámite en la sede de la cartera que hoy conduce Fernando Vaca Narvaja.

La medida responde a una denuncia penal presentada por los diputados radicales Francisco González, Leonardo Ballester y Cristina Uría, entre otros.

En ella se plantearía que las primeras obras escolares realizadas en la provincia por el actual gobierno habrían sido contratadas en el marco de la ley de Emergencia que fue derogada.

Con el secuestro de los expedientes el fiscal evaluará la existencia o no de las presuntas irregularidades denunciadas con lo cual podrá también encuadrar el delito en el que presuntamente habría incurrido el exministro de Obras Públicas, César del Valle.

El allanamiento se realizó pasadas las 22 del miércoles un par de horas después de la solicitud del fiscal al juez. Sólo un par de funcionarios se encontraban en el lugar y fueron los encargados de entregar el material requerido por la justicia. El horario habría sido elegido para evitar inconvenientes en momentos de actividad en la administración pública.

Consultado sobre el tema el gobernador, Alberto Weretilneck, dijo no estar sorprendido por la medida y se manifestó respetuoso del accionar judicial que deberá expedirse sobre el tema.

Por su parte el ministro Vaca Narvaja señaló que ante el allanamiento "se iniciaron gestiones para evitar la interrupción de la cadena de pagos de los certificados de obra y consecuencias en el sector".

A través de un comunicado oficial se explicó que "debido a que los expedientes retirados, en su mayoría pertenecientes a obras del Programa Puesta en Marcha ciclo lectivo 2012 que ya han sido adjudicadas, tienen contrato firmado y están en ejecución y por consiguiente se encontraban para el pago de los certificados, se requirió a las autoridades judiciales se faciliten copia certificada de ellos para evitar la interrupción en la cadena de pagos y sus posteriores consecuencias en la mano de obra, el sector y la sociedad en general".