"El Gobierno quiere que lo defiendan en lo defendible. Esto quiere decir que no hay que levantar la mano para salvarlo como sea. Hay que ser objetivo en la defensa". Las palabras son del vicegobernador Carlos Ciurca y reflejan el moderado respaldo oficial que por estas horas están dispuestos a darle desde el Poder Ejecutivo al fiscal de Estado, Joaquín de Rosas.

Esta semana, el Jury de Enjuiciamiento (un organismo mixto compuesto por los miembros de la Corte, siete senadores y siete diputados) decidirá si acepta o no las denuncias contra el custodio de los bienes del Estado, frente a una serie de denuncias en la que se dice que De Rosas no cumplió con esa premisa.

Casi todas las acusaciones señalan que De Rosas favoreció al grupo Vila-Manzano en varios expedientes. La denuncia está comandada por la diputada de Unidad Popular Patricia Gutiérrez y es acompañada por otros legisladores opositores.

Los denunciantes advierten que están estudiando presentar más acusaciones en caso de que el fiscal zafe por los casos a los que se encuentra sometido esta vez. E incluso amenazan con acudir a la Justicia penal más tarde, si el Jury deja de ser el camino para acosar al funcionario.

Historial. De larga trayectoria en la Fiscalía de Estado, De Rosas logró acceder a su control en 2010. Pero antes de que terminara el año, ya había sido denunciado ante el Jury por primera vez.

El primer cuestionamiento se debió a la renuncia del fiscal a la demanda contra el decreto de Cristina por la promoción industrial, pero en aquella oportunidad, gracias al potente apoyo del gobierno de Celso Jaque, no se reunieron los votos necesarios para someterlo a proceso.

Este año, desde la oposición volvieron a la carga en su contra, pero por los supuestos favores del fiscal de Estado a un empresario privado.

Según la primera de las denuncias nuevas, De Rosas favoreció desprejuiciadamente a Dalvian en el pago de indemnizaciones por la expropiación de terrenos de la reserva natural Divisadero Largo. Luego aprobó una vidriosa compensación de deudas entre aquella indemnización y las acreencias de Dalvian con el EFOR, ente que busca cobrar las viejas deudas con los bancos provinciales.

El segundo caso es por el contrato que consiguió una firma que estaría ligada a la familia Vila por la administración de las máquinas tragamonedas de los casinos del Estado. Ese contrato permitió elevar las ganancias de Mendoza Central Entretenimientos del 23 por ciento que recibía el año pasado, a más del doble: 47 por ciento, exactamente.

Finalmente, en el caso tres lo acusan de no haber presentado quejas a la Nación para evitar recortes de coparticipación de ANSES y para reclamar por regalías petroleras que habrían sido mal liquidadas.

Banque. En este contexto, el fin de semana, por medio de la voz de Ciurca, se escuchó al Gobierno reconocer que apoyará, hasta donde pueda, al fiscal de Estado para que continúe en su cargo.

A esto hay que agregar que los denunciantes creen que De Rosas podría recibir el apoyo de algún otro sector político del Jury, e incluso de parte de la Corte, cuando haya que votar para abrir el proceso o desestimar las denuncias en su contra.

Lo cierto es que, para el Poder Ejecutivo, la salida más cómoda sería conseguir que el fiscal de Estado se jubile. Pero ese depende exclusivamente de De Rosas y, hasta aquí, en el Gobierno no han recibido ninguna señal suya en ese sentido.

En consecuencia, al Ejecutivo parece no quedarle otra que tratar de alinear a la tropa para apoyar al fiscal (no habría criterios unánimes, incluso en el PJ) en una reunión que se producirá un día antes del jueves, fecha fijada para la audiencia definitoria.