Tras la escandalosa última sesión de la Cámara de Diputados, donde las denuncias de aprietes a algunos miembros por parte del Fiscal General, César Sotelo, que al menos generó un temblor en las cuadras que separan a la Casa de Gobierno y la Legislatura, de la zona de tribunales; buscan ahora bajar los decibeles en pos de salvaguardar la relación político-judicial. La idea es que las esquirlas no alcancen a los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), como tales y en su totalidad.

“Esto no es una pelea entre la política y la Justicia”, aseguró ayer el presidente de la Cámara baja, quien el miércoles pasado, confirmó las denuncias del diputado Tamandaré Ramírez Forte quien aseguró que Cassani habría sido interceptado y amenazado por Sotelo, molesto con el voto en el Jury de Enjuiciamiento, apartándolo de la presidencia.

La decisión de evitar que los chispazos continúen y terminen provocando un principio de incendio en la relación entre los poderes, se evidenció también en los últimos días, con el silencio en la Rosada local y en los pasillos tribunalicios. A diferencia de otras situaciones, los cuerpos representativos de los funcionarios judiciales, ésta vez no hablaron. Al menos no expresaron una postura pública.

Las expresiones de Cassani ayer, evidenciaron la intención de apagar el fuego. Pero el legislador buscó también despersonalizar la situación. “No quiero que lo que ocurrió este teñido de forma personal”, dijo en declaraciones a Radio Sudamericana. “No quiero minimizar ni maximizar”, dijo no obstante, y sí pidió encender “la luz amarilla” de alerta.

Consultado sobre el apoyo de sus pares en Diputados, Cassani aseguró que se siente “absolutamente acompañado por todas las bancadas”. Y ante la posibilidad de un diálogo con Sotelo, dijo que “no tengo problemas en hablar con quien tenga que hablar”.