El Juzgado Federal Nº 1 de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Formosa, a cargo del doctor Marcos Bruno Quinteros, resolvió días atrás, dictar el procesamiento del jefe comunal y otras tres personas, en el proceso abierto a principios de junio de 2009, donde un grupo de aborígenes de la localidad de Ingeniero Juárez, denunció la sustracción de DNI previo a las elecciones que tenían lugar ese mes.

Los otros procesados son el hermano del intendente, Francisco Roberto Mendoza, y dos colaboradores, Bienvenido Helguera y Alicia del Valle Nacif, todos como autores o coautores del "delito de retención indebida de documento cívico en concurso real", estableció la investigación judicial, según el documento remitido desde esa dependencia judicial.

La resolución fue notificada al Fiscal Federal Nº 1, y comunicada a los imputados procesados, los que interpusieron mediante sus abogados defensores una apelación a la medida, que aún está pendiente de resolverse.

Los hechos

A mediados del año pasado, el 19 y 20 de junio se concretó la denuncia en la Comisaría de Ingeniero Juárez, donde aborígenes denunciaban que les habían retenido sus DNI. La maniobra la investigó la Justicia Federal, que incluso ordenó allanamientos llevados adelante por la Gendarmería Nacional, en búsqueda de los documentos denunciados como despojados de sus dueños.

Según relataba la denuncia, esos días, que era pleno invierno, políticos ligados al intendente e incluso este último, ofrecían frazadas y bolsas de mercaderías a los aborígenes, a cambio del DNI, que era retenido previo a la elección que tenía lugar esos días, en una maniobra que según denunciaron, buscaba captar sus votos.

Las víctimas de la maniobra incluso dijeron que en un primer momento, la denuncia no se podía hacer porque "un oficial no quería tomar" el planteo. La oportuna aparición de quien fuera en ese momento diputado provincial por el PJ, Hilario Martínez, logró que la denuncia fuese concretada. El sindicalista al terminar mandato no fue incluido por el partido en la lista oficial de candidatos, con lo que hoy ya no es legislador.

La situación incluso provocó un corte de ruta de varios días, por parte de originarios que reclamaban la devolución de sus DNI, en medio de las diligencias procesales que impulsaba por ese momento el juez federal.

En caso de confirmarse las presunciones y se pudiera comprobar que los imputados incurrieron en los delitos mencionados, les podría caber una pena de hasta tres años de prisión, según lo estipulan leyes nacionales.

La causa avanza, y el procesamiento de los imputados encamina la investigación en base a situaciones que el juez consideró probadas, por lo que las novedades que surjan en la causa, de aquí hasta antes de la feria judicial, serán de suma importancia, teniendo en cuenta que se trata de un funcionario público, que ocupa el cargo de intendente de la localidad de Ingeniero Juárez.