Se trata del Barrio 13 de Agosto, el complejo habitacional que ese mismo día fue literalmente ocupado por vecinos de la ciudad que, a diferencia de otros casos similares,aglutina a personas que arrastran consigo historias disímiles entre si pero con un factor común: la necesidad de tener su propia vivienda, tal como miles de formoseños a lo largo de la geografía provincial.

Recorriendo las calles que merodean las más de setenta viviendas que se reparten en cuatro manzanas de dibujo desparejo por la gran cantidad de malezas que aún perduran pese a que los ocupantes limpiaron los alrededores de las viviendas, se puede percibir un clima mucho más distendido que hace una semana atrás, cuando el amplio cordón de policías que se apostaban en cada esquina hacía que cada movimiento provoque tensión por la incertidumbre de saber si los movimientos de las fuerzas del orden respondían a una orden de desalojo.

Hoy, en cada una de las esquinas sólo se visualizan un par de policías y las casillas de descanso quedaron más alejadas del centro de la escena. Según confió a El Comercial uno de los que permanecían haciendo guardia ayer, la única orden que tenían era la de “controlar

que no se provoquen desmanes”. Según comentaron los vecinos, aunque mermó la cantidad de efectivos, todavía no pueden ingresar agua potable en camiones ni colchones o elementos que les posibilite mejorar las condiciones de habitalidad o mejora de las viviendas.

Realidades diferentes

María y Eugenia sintetizan las realidades y orígenes de las más de doscientas personas que viven en estos momentos en las viviendas.

María F. es una joven nacida en la localidad hace 33 años y en estos momentos tiene ocho hijos. Su único medio de ingreso es la pensión que recibe de la nación por Madre de Siete Hijos y desde hace más de seis años que está inscripta en “una lista que armaron (la gente del

Instituto Provincial de la Vivienda)”, aunque nunca tuvo la posibilidad de averiguar en la capital el estado de su situación y el

trámite.

“La verdad que es lo único que me queda hacer para poder darle un techo a mis hijos. Me prometieron darme un terreno en cualquier lugar y lo que tenga que pagar voy a pagar, pero no me dan respuestas y al ver que todos empezaron a ocupar estas casas, decidí venirme de donde estaba viviendo”, comenta mientras expone un papel de color rosa anaranjanado que certifica que el IPV tiene registrado sus datos y el de todos sus hijos, con certificado de extrema pobreza aprobado por una asistente social.

“Es desesperante ver cómo pasan los días y no hay respuestas. Yo no puedo llevar a control a mi bebé porque tengo miedo que saquen mis pocas cosas de adentro la policía o la municipalidad. Nadie nos viene a decir cómo están las cosas. Ni el intendente ni los concejales”, cuenta María al borde las lágrimas.

El caso extremo de María es Eugenia, una enfermera “con 20 años de planta permanente como agente sanitaria y sin embargo jamás me dieron la posilibildad de tener mi casa, pagándola inclusive porque mi sueldo me alcanza y tengo que estar dejando todos los meses $1.200 en alquiler”.

Esta empleada pública también tomó posesión de una de las viviendas en

la misma cuadra donde sus compañeros de trabajo en el Hospital Eva Perón ya viven hace varios años, pero con la diferencia que les fueron otorgadas por el municipio las llaves para que les realicen mejoras y las habiten al llegar a la localidad, ya que ellos están en la ciudad solo por cuestiones laborales.

“Para mí incluso es una vergüenza tener como vecinos a mis compañeros

de trabajo y saber que a ellos les dieron las llaves de la casa donde están y mi vivienda apenas si tiene una puerta a medias. Eso es indigno para cualquier ser humano y para nosotros que nos capacitamos para superarnos”, explica Eugenia mientras señala la unidad habitacional donde vive desde aquel 13 de agosto.

Indefiniciones

La situación en Ingeniero Juárez parece estar lejos de encontrar una solución definitiva, ya que desde el punto de vista político nadie querrá pagar el costo de avalar una expulsión que genere violencia por la la decisión firme de los ocupantes de resistir cualquier intento de desalojo.

Mientras tanto, desde el organismo provincial clave en esta cuestión el IPV- dejaronen claro que el requisito esencial para que la cuestión se destrabe es la “desocupación. Ese es el requisito indispensable para empezar a solucionar el problema de Ingeniero Juárez”, tal como lo afirmó el administrador del organismo encargado

de otorgar las viviendas.