La ordenanza que acaba de aprobar el Concejo Deliberante no tiene fechas ni precisiones. No establece desde cuándo regirá efectivamente la prohibición de comerciar en la vía pública. Sin embargo, el intendente Juan Jure les dio instrucciones a sus funcionarios para que la venta callejera quede regulada a más tardar en 30 días.

Dentro de un mes no tendrían que quedar puestos en el microcentro y ya debería estar funcionando la Feria del Progreso. Además, ese es el plazo que se autoimpuso el gobierno para relocalizar a los “históricos”, que se niegan a dejar las esquinas que están ocupando, en algunos casos, desde hace tres décadas.

Así, la gestión de Juan Jure espera dar una imagen de autoridad política y darle un cierre rápido a un tema que le ha provocado dolores de cabeza y le ha generado un importante costo político, principalmente después de que se difundiera una grabación en la que Guillermo Aón, secretario de Desarrollo Social, aparece ofreciéndole a un puestero hasta 60 mil pesos y un terreno.

En el Ejecutivo no cayó nada bien la ordenanza que terminó aprobando el oficialismo por una ajustada mayoría. Porque lo que definió el Concejo después de meses de análisis fue, en realidad, una prohibición condicionada de la venta callejera: primero, el gobierno tendrá que definir un plan de relocalización de los puesteros, aplicarlo por etapas y, recién después, el comercio en la vía pública deberá erradicarse.

“Nos tiraron la pelota otra vez a nosotros. Ni siquiera fijaron pautas”, se oyó en las últimas horas en el Palacio de Mójica. Sin embargo, en el Concejo aseguran que los cambios al proyecto original fueron acordados con los negociadores del Ejecutivo.

Más allá de si se consensuaron o no las modificaciones, el contrasentido de la ordenanza que fue aprobada el viernes es que le devuelve al gobierno municipal la obligación de negociar con los puesteros la relocalización. Y lo hace poco después de que el Ejecutivo no sólo decretara que el diálogo se cortó por las acusaciones de los vendedores sino que, además, después de que la imagen del gobierno quedara muy deteriorada por las ofertas particulares y discrecionales que se les hicieron a los puesteros.

Después de la polémica generada por las grabaciones, el gabinete ya no tiene capacidad de negociar de manera particular. Por eso, la decisión que tomó el gobierno es formar una comisión que tendrá la misión de reglamentar la ordenanza; es decir, establecer los plazos, las modalidades y los lugares en los que estará habilitada la venta. En las últimas semanas, se habló de puestos en El Andino o en el Concejo Deliberante.

Y, si bien el intendente manifestó que no dialogará más con los “históricos”, desde el Ejecutivo aseguran que los recibirán en el caso de que ellos tomen la iniciativa de acercarse y buscar un acuerdo con el gobierno. De hecho, en el gabinete tomaron como una buena señal que los rebeldes hayan bajado los decibeles en sus declaraciones públicas el día en que se aprobó la ordenanza.

La comisión que formará el gobierno -que incluirá al gremio Sivara que los vendedores desconocen- tendrá que reglamentar la ordenanza en cuatro semanas. Cerca del intendente aseguran que está la decisión tomada de sacar de la calle por la fuerza a quienes no acepten relocalizarse.