Con esa resolución, apunta a cerrar la actual gestión de manera ordenada, como si se tratara de un traspaso a otro gobierno, y además para comenzar a erradicar el déficit en el que cayó la administración pública durante 2011.

Según el último informe económico del año pasado, el Municipio cerró con un resultado negativo de 39,9 millones de pesos, lo que equivale a un rojo de 3.325.000 pesos mensuales. En el gobierno señalan que esa situación no puede sostenerse y, por lo tanto, comenzaron a tomar medidas para recortar los egresos.

El decreto fue firmado el viernes por el intendente Jure y por Guillermo Mana, secretario de Economía, y fue dado a conocer a todo el gabinete durante una reunión que se realizó en el Palacio.

Básicamente, más allá de eliminar viáticos y gastos protocolares, la resolución determina que todos los egresos, incluso los que impliquen la provisión de insumos para el funcionamiento de la administración, deberán ser autorizados por el propio intendente, el gabinete de secretarios y el fiscal municipal. Es decir, se establece un filtro fuerte que, como mínimo, retrasará todas las resoluciones relacionadas con los egresos.

El primer tramo del decreto apunta a terminar ordenadamente en lo administrativo la gestión que concluye el 1 de julio de este año.

Por eso, antes de decidir cualquier tipo de contratación, todas las dependencias municipales deberán terminar las que están pendientes y que hayan generado una obligación de pagar una suma de dinero. Además, ningún funcionario podrá dejar contrataciones, actos o compras impagas al 1 de julio.

Las cajas chicas casi van a desaparecer en la práctica y sólo subsistirán los fondos fijos que se manejan en el área de Compras de la Secretaría de Economía. Esta decisión es la que garantiza que la administración siga marchando con normalidad.

El artículo 2º elimina todas las contrataciones protocolares. El tercero suspende desde el 23 de abril los viáticos al personal y los funcionarios municipales, excepto los que sean autorizados directamente por el intendente.

Pero la restricción más férrea aparece en el artículo cuatro, en el que se crea una instancia integrada por el intendente, el gabinete de secretarios y el fiscal municipal para definir qué gastos podrán hacerse y cuáles no.

Ese equipo deberá definir sobre los egresos en: contrataciones, renovaciones de contratos vigentes, pedido de provisión cualquiera sea el objeto o la necesidad, transferencias de fondos a personas y a instituciones sin fines de lucro, transferencias de fondos a entes desconcentrados, descentralizados y fundaciones municipales.

Pero no sólo habrá un ámbito que definirá si el gasto se produce o no sino que, además, cada funcionario y cada dependencia tendrán que seguir un circuito administrativo indefectible. Según el procedimiento fijado, cada secretaría tendrá que plantear formalmente la necesidad del gasto al gabinete de secretarios y deberá fundamentar, justificar y especificar el destino y el monto de cada egreso; si el gabinete establece que el gasto es necesario y que existe la factibilidad presupuestaria, deberá girar el trámite al intendente, que también deberá dar el visto bueno.

Según fija el artículo 5º, el decreto no sólo alcanza a la administración central sino también a los organismos descentralizados y desconcentrados, como el Emos y el Edecom.

Además, el Ejecutivo invitó al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas a adherir al decreto para extender el recorte de los gastos.

Lo que también se definió en la reunión de gabinete es que los frentes de obra que están abiertos -como pavimentación y cordón cuneta- seguirán en marcha y los pagos se continuarán haciendo habitualmente a las empresas constructoras.

Según explicaron fuentes municipales, la prioridad absoluta será el pago de los sueldos de los empleados y después se irán estableciendo cuáles son los gastos más urgentes. El resto de los egresos previstos en el presupuesto será analizado exhaustivamente y sólo aprobado en caso de extrema necesidad.

Marcos Jure

mjure@puntal.com.ar