El gobierno de Juan Jure ya tiene las ordenanzas para comenzar a cumplir con su principal promesa de campaña. Ayer, el Concejo Deliberante aprobó los cuatro proyectos que le dan el marco jurídico al plan de viviendas que, por ahora, incluye solamente las 1.000 casas para familias de clase media. En general, la votación fue por unanimidad, aunque la oposición rechazó una decena de artículos que había pedido que se modificaran pero que el oficialismo impuso tal cual habían sido redactados por el Ejecutivo.

Después de que se aprobaran las iniciativas, el intendente llegó a la casona de la calle Sobremonte para agradecerles personalmente a los concejales el trabajo que realizaron para llegar a un acuerdo general sobre el plan de viviendas, aunque haya habido puntos en los que no llegaron a un acuerdo.

En la sesión de ayer, se aprobaron la operatoria general del plan de viviendas, que se aplicará tanto a las de clase media como a las sociales, la creación del Fondo con el que se financiará la construcción de las casas, el plan específico para la clase media y el pliego de bases y condiciones que se usará para adjudicar la obra.

Uno de los proyectos que más controversia generó fue el pliego de bases y condiciones. El justicialismo reclamaba que se aplicara el “Compre Río Cuarto” tal como está aprobado por ordenanza y que establece que las empresas riocuartenses se quedan con una obra aunque presenten una oferta que sea un 2 por ciento superior a la de una empresa foránea. El oficialismo introdujo un cambio en ese punto: fijó que la constructora local sólo ganará la licitación si adecua el precio hasta igualar la propuesta más baja.

Otro punto en el que hubo divergencias fue en los requisitos establecidos para las constructoras. “Hay una exigencia para que las empresas puedan participar y que exige una capacidad de contratación un 50 por ciento superior al monto del pliego, que son 220 millones de pesos. Por lo tanto, para poder participar una empresa tendría que explicar que en un año tiene una capacidad de 310 millones de pesos. Eso está bien porque nos da la garantía de que es una empresa fuerte. El problema es que el mismo artículo menciona la posibilidad de que se forme una Unión Transitoria de Empresas pero de manera particular cada una de las firmas deben demostrar la misma capacidad de obra, es decir, 310 millones de pesos. Eso no tiene sentido porque la característica de una UTE es que suman sus capacidades económicas para llegar al mínimo que exige el pliego”, indicó Guillermo Natali, jefe del PJ.

En cuanto al pliego de licitación, el concejal de Encuentro Ciudadano, Eduardo Scoppa, votó directamente en contra.

En la sesión, el concejal opositor consideró que, a su juicio, hubiera sido mejor no hacer una única licitación por las 1.000 viviendas, como votó el oficialismo, sino desdoblarla en cupos inferiores, por ejemplo de 100 unidades habitacionales.

De todas formas, más allá de las críticas a algunos artículos, Martín Carranza, jefe del bloque oficialista, remarcó la importancia de haber logrado un acuerdo general para poner en marcha el plan de viviendas. Indicó que se trató de un día histórico, en el que se puso en marcha una política de Estado de largo plazo. Pero, además, destacó que hubo un arduo trabajo para que en la mayoría de los artículos hubiera consenso.

Ni bien terminó la sesión, el intendente apareció en el Legislativo y se reunió con los concejales. Sonrientes, el jefe comunal y los integrantes de la oposición se saludaron.

“En primer lugar vengo a agradecer y reconocer todo lo hecho por el Concejo Deliberante. Independientemente de cuál sea la filiación de cada uno de los bloques, tanto oficialismo como oposición han entendido y asumido esto que planteábamos hace meses como una verdadera política de Estado que no sólo debía trascendernos a nosotros sino también trascender las diferencias partidarias. Ahora hay una política de Estado puesta en marcha para atacar el déficit habitacional”, le dijo el intendente al periodismo.

Según el jefe comunal, el llamado a licitación se haría durante este mes. Las inscripciones de los beneficiarios arrancarían la próxima semana y el plazo para comenzar a construir las primeras viviendas sería febrero de 2013.