A modo de resumen, se podría decir que está "flojita de papeles": la situación jurídica de la firma es endeble. Todos los implicados reconocen que tiene problemas financieros; no ha sabido ganarse un lugar en el mercado del papel y tiene deudas con varios de sus proveedores, entre ellos, los servicios públicos.

Y como si este combo fuese poco, el propio Moreno, el padre de la criatura, llegó la semana pasada con un plan de ajuste bajo el brazo que consiste en eliminar 100 de los 500 puestos de trabajo y bajar los sueldos a 1500 pesos mensuales.

Lo primero que se tendrá que solucionar es el intrincado y precario status jurídico en el que quedó la empresa. Sucede que la solución Moreno consistió en la puesta en marcha de un fideicomiso -¡uno más!- que se haría cargo de continuar con la explotación en la planta. Este fondo, que a su vez administra Nación Servicios, es quién le pagaría una suerte de alquiler a los anteriores dueños: Papelera Massuh.

Hasta ahí se podría decir que no hay tanto problema. Claro que todo cambia cuando se toma en cuenta que toda esta situación se dio mientras tramitaba un concurso preventivo que posteriormente derivó en una quiebra. Técnicamente, lo que hizo Papelera Massuh con Moreno fue un acto de disposición de activos que estaban dentro del concurso. Y como tal, debía tener el visto bueno del síndico, del comité de acreedores y del propio juez del concurso.

Pero la magistrada María Cristina O´Reilly dejó correr el tiempo y nunca homologó ese acuerdo. Consintió, de hecho, la continuidad de la planta a cambio de mantener las fuentes de trabajo. Pero técnicamente, nunca le dio un status jurídico definitivo.

"El alquiler de la planta industrial de una empresa concursada, especialmente si es su principal activo, exige autorización judicial porque lo impone la ley -dice Francisco Cárrega, ex juez comercial-. Si no se obtuvo esa autorización, y la empresa quiebra, ese contrato no es válido. La planta industrial, en ese caso, tiene que quedar bajo la órbita del juez de la quiebra, que debe venderla al mejor postor y pagar a los acreedores."

Habrá que poner un ojo en las asambleas de los trabajadores de la planta y otro en la Justicia, como para entender qué será del futuro de la planta.

Pero no sólo hay que sobreponerse a las cuestiones legales. El martes, llegó a la planta una cuadrilla de Metrogas con el propósito de cortar el suministro de gas. La deuda rondaría el millón de pesos y las posibilidades de pagar son pocas. La respuesta fue colocar varios troncos de árboles sobre las válvulas y así poner un obstáculo material a los inspectores. Y comercialmente no hay grandes expectativas. El año pasado la firma se desprendió de varias marcas como Laprida o Congreso. Y sobre llovido, mojado. Llegó Moreno con un discurso cambiado: pasó de la eventual estatización al ajuste.