Hoy juran las primeras juezas surgidas desde el CAM

Las cinco primeras juezas en ser designadas en Tucumán tras sortear los concursos de antecedentes y oposición del Consejo Asesor de la Magitratura (CAM) jurarán hoy a las 12,.00, ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. La ceremonia se desarrollará en el Salón de Actos Públicos Juan B. Alberdi del Palacio de Justicia, ubicado en Pasaje Vélez Sarsfield 450 (2º Piso).
Las cinco primeras juezas en ser designadas en Tucumán tras sortear los concursos de antecedentes y oposición del Consejo Asesor de la Magitratura (CAM) jurarán hoy a las 12,.00, ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. La ceremonia se desarrollará en el Salón de Actos Públicos Juan B. Alberdi del Palacio de Justicia, ubicado en Pasaje Vélez Sarsfield 450 (2º Piso).

Se trata de Marta Paz de Centurión y Ester Valderrábano de Casas, quienes se desempeñarán en la Cámara de Apelaciones en Familia y Sucesiones del Centro Judicial de la Capital; y de Silvia Lescano de Francesco, Claudia López y Angela Martínez, quienes cubrirán las vacantes producidas en tres juzgados del mismo fuero.

Los pliegos de las nuevas magistradas fueron enviados a la Legislatura por el Gobierno, respetando el orden de mérito dispuesto por el CAM, y aprobados el pasado jueves en una veloz sesión de Cámara.

La designación de las dos camaristas y de las tres juezas puso fin a siete años de conflictos e incertidumbre institucional.

Todo se había iniciado en 2003, cuando el Gobierno de José Alperovich desarticuló el CAM, que regía desde 1991.

Luego, con la reforma de la Constitución en 2006, se incorporó nuevamente a ese órgano, pero otorgando plena discrecionalidad al Poder Ejecutivo para su organización.

Un año más tarde, en 2007, haciendo lugar a un planteo del Colegio de Abogados, la Justicia falló en contra de esa disposición constitucional y obligó a su reformulación, lo cual se concretó con la sanción de una ley en 2009, que le dio al CAM su actual estructuración.

Durante todo ese proceso, que estuvo signado por una guerra judicial -y mediática- protagonizada por el Gobierno y el Colegio de Abogados, se produjeron unas 50 vacantes en la Justicia que no se podían cubrir, debido a la ausencia de un mecanismo constitucional vigente para esos efectos, hasta ahora.

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