Julio Miguenz, secretario general de ATE y CTA Junín firma el comunicado en donde se indica que “tal imputación procesal se origina, en el marco de la causa caratulada “Averiguación de Presunta infracción art. 124 del Código Penal” Expte. 11332, en trámite ante el Juzgado Federal de Junín, actuación judicial abierta a partir de la movilización acaecida el día 5 de Noviembre de 2011, cuando más de 2000 ciudadanos autoconvocados de la ciudad de Junín y zona, se reunieron a los efectos de manifestarse y peticionar legítimamente a las autoridades, se tomen las medidas necesarias al efecto de dar una finalización a las continuas y numerosas muertes que se repiten en la Ruta Nacional Nº 7”.

Se agrega que “tal manifestación tuvo su causa inmediata en el accidente fatal ocurrido el 3 de Noviembre del año 2011, aproximadamente a las 22 hs., con el resultado de 9 muertes entre los cuales se encontraban 6 niños menores de 8 años de edad”.

“Cabe señalar –agrega la nota de prensa de la organización gremial- que dicho acto tenía como objetivo repudiar el quietismo estatal ante la muerte de jóvenes, niños, mujeres y trabajadores que se van sumando sin cesar, pese a los vanos anuncios, que tienen su máxima exposición en el año 2007, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner firmara un decreto de interés público para la construcción de la autovía Luján-Junín, el cual jamás se concretó”.

Desprocesamiento de “luchadores populares”

“El procesamiento llevado a cabo culminó el día 15 de marzo de 2012, cuando a los fomentistas Osvaldo Giapor, Sergio Giapor y José Silva, se le tomó declaración indagatoria. Todo esto deja claro la sesgada mirada que criminaliza a quienes fueron parte del acto público y solidario realizado aquel día”, se indicó.

La nota afirma también que “rechazamos enfáticamente esta acción político judicial que busca multiplicar responsabilidades criminalizando a actores sociales y militantes, como así también dejar indefensos al conjunto de los ciudadanos que se movilizan en defensa de sus derechos, aislándolos, domesticando sus organizaciones y quebrando su respaldo social”

“En este contexto en el que nos encontramos en un verdadero Plan Nacional de Movilización por el desprocesamiento de los cerca de 5000 luchadores populares, reclamo de la derogación de la ley antiterrorista aprobada en diciembre último, y en la necesidad de terminar con la criminalización de la protesta social que se ejerce de manera abierta o encubierta tercerizando formas represivas; convocamos a la solidaridad de todos los actores y organizaciones políticas y sociales, al más fuerte repudio contra la persecución que se viene llevando a cabo por parte del aparato represivo estatal injustificadamente”, concluyó el comunicado de prensa de la CTA Regional Junín.