Tras la manifestación que protagonizaron la semana pasada, con un centenar de personas exigiendo al municipio una política de viviendas y la cesión de terrenos para los ocupantes del barrio Smata, las organizaciones sociales preparan una nueva movilización al municipio, que se llevaría a cabo el jueves 3 de junio.

Así lo ancitiparon a LA VOZ fuentes de la agrupación "Mujeres sin Techo", que junto a gremios, estudiantes universitarios y vecinos que toman el barrio del sindicato mecánico, no claudican en la necesidad de un programa local para combatir el profuso déficit habitacional de Tandil.

La última vez, sólo lograron que el jefe de gabinete, Juan Pablo Frolik, reciba los 3 petitorios, aunque no hubo audiencias entre autoridades del Ejecutivo y militantes de la lucha por la vivienda.

El 3 de junio a la mañana, se llevaría a cabo una asamblea en la explanada del palacio ubicado en Belgrano al 400, donde intentan hacer oír a la comunidad el planteo por lotes fiscales, fondos para materiales de la construcción y posibilidades concretas de satisfacer el derecho a una vivienda digna.

Asimismo, trascendió que la visita del cuerpo de agrimensores del Instituto de la Vivienda, que se iba a llevar a cabo durante el fin de semana largo, finalmente se postergó para el 5 de junio.

La agenda política, dominada completamente por los festejos del Bicentenario de la Patria, obligaron a los técnicos bonaerense a atrasar el desembarco.

Los profesionales del Gobierno provincial, como se recordará, vendrán a Tandil para relevar unas 1.000 unidades habitacionales, correspondientes a los planes sociales de vivienda, cuya regularización dominial quedó pendiente.

La mensura y escrituración de las casas que integran los diferentes complejos financiados con recursos del Estado permitirán que los vecinos confirmen legalmente su titularidad.

Pero el abogado de la agrupación "Mujeres sin Techo", Carlos Mansilla, aseguró que el proceso de escrituración debe servir para reflotar un convenio firmado por la Provincia y el Municipio, rubricado por el Concejo Deliberante hace un año y medio.

"Los adjudicatarios que tengan posibilidades económicas, con las escrituras en mano, deberán completar las cuotas de las casas que adeudan. Y según el convenio, el 70 % de esa recaudación podría concentrarla el municipio, siempre y cuando destine los recursos a un fondo local de vivienda", argumentó el edil mandato cumplido.