Esto fue el tema de conversación en los pasillos y por momentos pareció que le restaría importancia a los más de cien puntos del orden del día, sin embargo los diputados dieron debate a numerosos temas, entre ellos, la convocatoria a consulta que permitirá evaluar los antecedentes de los postulantes a cubrir los cargos de Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto.

A pesar de diferencias planteadas por algunos legisladores, los bloques mayoritarios sorprendieron a todos porque además de aprobar la resolución por la cual se convoca a consulta pública para el lunes 11 de julio en el recinto de sesiones, también determinaron que tres días después -14 de julio a las 16- se realice una sesión especial donde se decidirá quiénes ocuparán esos cargos.

En el debate

El diputado justicialista Ricardo Sánchez, expresó que “desde ambos bloques mayoritarios tenemos la buena voluntad de poner en marcha un instituto que le sirva al pueblo y no a un partido político en particular”, con esta frase defendió la convocatoria a consulta pública en medio de los cuestionamientos de bloques unipersonales.

“La consulta pública para el 11 de julio es un procedimiento estudiado que garantiza transparencia y que todo ciudadano que quiera participar o postularse pueda hacerlo. La Legislatura será garante para quien quiera venir a exponer o presentar impugnaciones”.

Las diferencias

El Frente Grande planteó objeciones y presentaron un proyecto de ley con la doble finalidad corregir lo que entendía era un error en la modificación que la Legislatura hizo a la ley que crea el instituto del Defensor del Pueblo. Los cambios propuestos eran para que el defensor del pueblo adjunto tenga carácter de asistente técnico entendiendo que “se adecua más al criterio de a Constitución”.

En la misma propuesta se establece un procedimiento de consulta popular que garantice la participación y transparencia en el proceso. “Es necesario atender esa demanda ciudadana y el criterio del gobernador que planteó la necesaria participación en el proceso, porque lo que se propone es sacar un proceso por una resolución y estará vigente en esta oportunidad pero no para las próximas designaciones”.

Por su parte desde el bloque Libres del Sur, Carlos Martínez, expuso que el procedimiento de consulta pública “es inconstitucional y pretende barnizar un acuerdo político”. Expresó que el procedimiento formal existente es el de audiencia pública y consulta popular, pero no existe una consulta pública, además de asegurar que la propuesta impulsada por los bloques mayoritarios “no cumple con los plazos”.

En tanto Raúl Acosta además de sostener su abstención a la convocatoria, cuestionó la actitud d e los bloques mayoritarios de hacer este llamado a consulta y pedir requisitos a quienes deseen postularse cuando “por debajo se está sabiendo que los candidatos serán (Gustavo) Corregido y (Daniel) Illia. Ya tenemos los nombres, la gente no va a elegir sino que los bloques mayoritarios cada uno meterá un candidato”.

Sin comisión

investigadora

El encuentro parlamentario durante varias horas tuvo un amplio debate a partir de la intención de la Alianza de tratar sobre tablas el proyecto que pretendía crear una comisión que investigue el manejo de fondos y obras de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el Chaco. Si bien el justicialismo no aportó los votos para que la iniciativa sea aprobada, la discusión tuvo enormes derivaciones, ya que los bloques unipersonales acorralaron a sus pares aliancistas al hacer referencia a la necesidad que también se aprueben otras comisiones investigadores que se presentaron en el ámbito legislativo como la que busca averiguar todo lo referente a la adjudicación de la tierra pública o la que pretende avanzar en conocer hechos ilícitos vinculados con el narcotráfico y contrabando. Tratando que la comisión investigadora que proponían sea aprobada, el presidente del bloque de la Alianza Carim Peche de manera enérgica sostuvo que “dimos muestras con actitudes y hechos de acompañar todo lo que sea investigación. Vamos a aprobar las comisiones que sean para investigar los hechos ilícitos, mas allá de quien lo cometieron”. Sin embargo esto no fue suficiente para torcer la voluntad del oficialismo quien no permitió los dos tercios. Esto también llevó a que se pida preferencia para que los tres proyectos sean puestos a consideración la próxima semana.