Jujuy, en encuentros De economía social

El ministro de Desarrollo Social, Facundo Figueroa Caballero, participó del 2º Foro Nacional ‘Hacia otra economía’ y el 5º Foro Regional de Economía Social desarrollados en Mendoza y orientados a referentes de organizaciones que participan de la economía social en todo el país.
La economía social es un movimiento integrado por miles de productores, artesanos, organizaciones sociales e instituciones públicas que en su conjunto producen un movimiento económico que supera el 10% del Producto Bruto Interno de Argentina.

Figueroa Caballero, en compañía del director de Desarrollo Económico y Social, Diego Martinich, fue recibido por el gobernador anfitrión, Francisco Pérez Sergio Cipolla, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;Guillermo Elizalde, ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos de Mendoza; Ricardo Foster, de Carta Abierta.

También asistieron los ministros de de Desarrollo Social de las provincias de La Rioja, Teresita Leonor Madera; d Neuquén, Alfredo José Rodríguez; deSan Juan, Daniel Molina; y d Tierra del Fuego, Entre Ríos, Río Negro y Santa Fe.

La comitiva jujeña expuso los logros que está obteniendo en beneficio de la comunidad a través de la política orientada hacia ese sector con fuertes inversiones.

En la oportunidad, se compartieron experiencias locales y se analizó el crecimiento notable producido en los últimos años en lo que respecta a la economía social a nivel nacional, lo cual se debió a la función que la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, viene efectuando desde que comenzó su gestión con el ex presidente Néstor Kirchner.

En los foros se abordó Procesos y productos del foro de economía social de Mendoza; Ley e promoción de la economía social y solidaria; Polítcas públicas de la economía social; Institcionalización de la economía social; entre oros temas.

Por otra parte, Martinich participó en la mesa redonda sobre Coyuntura, tensiones y desafíos en la construcción de otra economía, donde también estuvieron presentes el magíster José Coraggio (UNGS), Ricardo Foster (Carta Abierta), el magíster Roberto Roitman (Secretario General del Instituto de la Producción y el Trabajo de la UNCuyo), el ingeniero Raymundo Laugero (Movimiento Nacional Campesino Indígena) y Cristian Miño (Movimiento Cooperativo CNCT).

Es de destacar que las convocatorias tuvieron como fin, seguir proyectando el crecimiento de “otra economía”, basada en conceptos como comercio solidario, calidad, precio justo y el indudable valor agregado que significan la asociatividad entre pares y la colaboración en red de diversos actores.

Incentivos económicos

para agentes de salud

El diputado nacional Mario Fiad presentó un proyecto de ley que prevé la creación de un sistema de incentivos monetarios y de apoyo personal y profesional para trabajadores de la salud que desarrollan tareas en zonas rurales. La iniciativa, busca “contribuir a resolver la falta de equidad sanitaria que tenemos en las zonas alejadas de los centros urbanos, por déficit de recursos humanos, que determinan grandes concentraciones en las ciudades y baja densidad en las zonas rurales que se traduce en desamparo de la gente”.

Según Organización Mundial de la Salud, el 62% de las enfermeras y el 76% de los médicos del mundo se encuentran instalados trabajando en centros urbanos, mientras que los que se desempeñan en zonas rurales, lo hacen por poco tiempo, esperando ser reubicados y en general no están satisfechos con las condiciones de vida y de trabajo.

En referencia a lo que sucede en nuestro país, el legislador jujeño dijo que “Argentina no es ajena a esta problemática mundial, donde el derecho a la salud está condicionado por el lugar en el que se vive, es así que esta situación genera notables ventajas comparativas de los centro urbanos, por sobre las zonas rurales”.

Puso de relieve que el propósito expresado en el proyecto de ley es “promover mecanismos de contratación que favorezcan la instalación y permanencia de los trabajadores de la salud en las zonas rurales y contextos laborales saludables en condiciones de seguridad”.

Describió que el sistema propuesto “se compone de incentivos económicos y no económicos” y argumentó que “el ambiente de trabajo, la posibilidad de actualización profesional, contar con equipamiento suficiente y adecuado, la posibilidad de realizar interconsultas y contar con supervisión directa y continua, son condiciones muy importantes que hacen a que el trabajador se instale en la zona y quiera radicarse en ese lugar”.

La trascendencia del problema que se vive en todo el país y que constituye incluso una preocupación de la Organización Mundial de la Salud, habilitó el acompañamiento de legisladores del mismo partido y de distinto signo político, entre ellos de los diputados nacionales Miguel Giubergia (UCR), José Biella Calvet (UCR), Maria Luisa Storani (UCR), Eduardo Santin (UCR), Agustín Portella (UCR), Eduardo Amadeo (Frente Peronista) y Gabriela Michetti (PRO).

La desaceleración económica

hace mella en las provincias

Más de un informe privado, refleja la desaceleración que experimentaron en mayo los envíos de coparticipación a las provincias, sobrepasando inclusive las previsiones oportunamente adoptadas.

Este intrincado escenario, muestra también indicadores propensos a agudizar las dificultades que se están instalando en el campo de las finanzas nacionales y, por efecto cascada, en las proyecciones provinciales. El hecho es que la administración central está afrontando serias dificultades para hacer que los recursos se derramen a las provincias en la medida de lo esperado o de las necesidades (con tendencia a profundizarse) que estas experimentan.

De la mano, camina la preocupación por el retroceso de la inversión privada y la actividad en franca desaceleración y, como consecuencia directa de ello, el debilitamiento de la recaudación. En ese contexto, la coparticipación de mayo llegó a las provincias sin el crecimiento previsto.

Esto constituye no sólo una señal de alerta para quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos públicos, sino también para la dirigencia gremial que deberá moderar sus planteos salariales, de cara a la irrefutable necesidad de privilegiar la previsibilidad financiera y las posibilidades de pago. Basta una rápida revisión de lo que ocurre en otras provincias para comprender la seriedad de la situación.

Se dice que no menos de trece gobernaciones se vieron en la obligación de decidir la postergación de pagos a proveedores y a contratistas de obra pública. También están multiplicando esfuerzos para afrontar en tiempo y forma el pago de salarios y otros compromisos de esta naturaleza que se aproximan, como ser el aguinaldo.

Un informe difundido por un medio de alcance nacional, consigna que, en principio, las provincias más comprometidas serían Tucumán, Catamarca, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, aunque no necesariamente en este orden.

Entre Ríos, desdobló el pago de salarios en abril. Santa Cruz, pagó en forma escalonada. Simultáneamente, las jurisdicciones asumen más deuda. Salta emitió por $185 millones; Ciudad Atónoma de Buenos Aires por $ 415 millones; Córdoba eitió $161,5 millones y además evalúa la posibilidad de tomar deuda por $ 850 millones; Santa Cruzarrastra un déficit de $1500 millones y gestiona una línea de préstamo por $800 millones ante el Banco Nación; Mendoza preé licitar un bono por $1300 millones, a los fines de atender un déficit de $2000 millones; Santa Fe emiirá Letras por $556 millones para cumplir con proveedores y contratistas.

Jujuy no es ajena a esta situación, aunque por ahora su orden administrativo le permite afrontar esta carrera con más oxígeno que otras provincias. Cabe recordar, que el ministro de Hacienda, Ricardo Pierazzoli, confirmó que los recursos arribados desde Nación crecieron un 17% en el mes de abril, pero sin alcanzar la medición de marzo, registrada en 22%.

En el presupuesto estaba previsto un incremento, respecto del percibido en el año 2011, sin embargo la provincia en el mes de mayo recibirá de $10 millones a $12 millones menos en relación de lo proyectado, lo que a su vez marca una significativa diferencia con lo ocurrido años anteriores, cuando los recursos que se recibían eran mayores a los calculados en el presupuesto.

Estos números, a los fines de sostener en el tiempo un concepto fundamental como es la previsibilidad y la sustentabilidad financiera, no dejan otra alternativa que no sea reconocer los signos de desaceleración en la percepción de los recursos tributarios de origen nacional (coparticipación), lo que lleva a la necesidad extrema de ejecutar los gastos con seriedad, responsabilidad y austeridad.

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