La organización de Derechos Humanos Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy denunció a los jueces federales Marta Snopek y Carlos Olivera Pastor, por su falta de interés para promover juicios orales a represores de la dictadura que actuaron en la provincia, contrariando así la política nacional en la materia que lleva adelante la Cámara Nacional de Casación Penal, y generando situaciones de impunidad e injusticia.
Madres y Familiares denunció en mayo el hallazgo de restos humanos de dos personas en jurisdicción de la Finca El Tambo, del complejo Ledesma. Su antigüedad es de aproximadamente 20 años y permanecen a resguardo del Fiscal Federal Nº 2, Domingo Batule.
“Denunciamos también un nuevo e incomprensible obstáculo al desarrollo de los juicios, argumentando la jueza Snopek, y sin siquiera dignarse a argumentar el juez Dr Adolfo Guzman (subrogante de Catamarca), en base al pedido del Defensor oficial Alberto Oscar Aragone, que el único juicio que hasta ahora ha pasado los óbices del poder local debería realizarse no de forma oral y pública sino siguiendo un antiguo y rancio proceso escrito, cuya posibilidad ya ha sido descartada por la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, entidad a la que Snopek y Guzmán se dan el gusto de desoír con el fin de seguir prolongando, impunemente, a la misma impunidad” afirman Madres y Familiares.
Señalan por otra parte que “la falta de decisión del Juez Olivera Pastor -para hacer cumplir una medida judicial- nos llena de desconcierto y zozobra, cuando no de profunda indignación, frente a un juez que ya ha sido denunciado al Consejo de la Magistratura por el Fiscal General debido a sus inagotables maniobras dilatorias y tiene sin embargo el descaro de concursar para un cargo que no ha hecho sino desprestigiar”.
En el caso “del represor Rafael Mariano Braga, responsable del secuestro y desaparición del joven estudiante jujeño Julio Rolando Alvarez García y acusado en otras causas de la zona de Calilegua y Ledesma, fue beneficiado con prisión domiciliaria que actualmente cumple en su lugar de origen, la ciudad de Buenos Aires. Sin el requisito mínimo de edad para gozar de tal privilegio y con sentencia firme de la Corte Suprema de la Nación de manera tal, que este asesino no estará sentado en el banquillo de los acusados para que, cara a cara , nos diga qué hizo con nuestros desaparecidos”, reclaman Madres y Familiares .
“Este beneficio tan livianamente otorgado y los otros hechos mencionados no solamente dejan en evidencia la subsistencia de redes de complicidad aún intactas legadas por la dictadura patronal-militar y que medran entre las elites judiciales, políticas y empresariales de la provincia y el país, sino que también dejan en evidencia el mayor legado de la dictadura: la consolidación brutal de una clase dominante sobre el pueblo trabajador”.
Firman el documento: Inés Irene Peña, María Reales, Nora Ferreira, Rosa Alcoba,.Sebastián Fernández, Raúl Liquín, Marta Alcoba, Oscar Alfaro….siguen las firmas.

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