La industria del juicio contra el estado sigue dando dividendos para quienes se alzan judicialmente contra el erario provincial. El dato que grafica esta afirmación son los montos que desde el ministerio de Hacienda se debieron pagar por orden judicial como producto de las derrotas que sufrió la provincia en sede judicial.

“Lo que pagó el estado provincial desde el primero de enero hasta el 10 de octubre, suman unos $39.000.000. A eso debe sumarsele esta nueva cifra que se conoció en estos días de $20.000.000, pero debe aclararse que es una suma estimada, pero todavía la cifra puede ser eventualmente mayor”, informó el Ministro de Hacienda Aldo Molina.

De confirmarse el fallo y los montos, San Juan terminaría el año debiendo pagar mas de 60 millones de pesos , en concepto de demandas judiciales perdidas. Esta realidad es la que vine intentándoce cambiar, desde el gobierno, investigando a los abogados que deben defender al estado, los procesos y las leyes que rigen para juicios contra el estado provincial especificamente. Producto de ello se instituyó la figura de costas por su orden, se terminaron exonerando y cesanteando a tres abogados de Fiscalía de Estado y se están investigando varias reparticiones publicas para intentar frenar la ola de juicios que generan millonarias perdidas de recursos para el fisco provincial.

“Nosotros tenemos una partida especifica para hacer frente a las demandas judiciales, la que se a visto superada largamente. Esto es un gran problema para el estado, por que tenemos que hacer reajustes presupuestarios para poder cancelarlos. Es un punto álgido el tema de las demandas judiciales donde el estado es vencido y se debe afrontar el pago de esos juicios. Algunos de esos juicios es por el tema expropiaciones, otras pro daños y perjuicios entre otros echos. La mayoría de esas demandas son de antigua data, pero es un tema que preocupa al gobierno y a la hacienda publica especificamente. No es un consuelo, pero esta realidad es moneda corriente en otros físcos provinciales y el nacional”, dijo Molina.

En el artículo 18 de la ley de presupuesto que esta vigente hasta el 31 de diciembre del corriente año, se dispuso la suma de $10. 000.000 para “hacer frente a los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Provincial, al pago de una suma de dinero, o cuando sin pronunciamiento judicial, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos con el crédito que para el Ejercicio Año 2010 se establece como límite máximo”. Hasta el momento se pagaron $29.000.000 extra a los que se presupuestaron, pudiendo destinar esos fondos a la construcción de viviendas, por ejemplo, pero se terminaron yendo en honorarios a abogados y a particulares.

Emergencia económica, una deuda pendiente

La maya de protección contra la catarata de juicios que recaen en las espaldas del estado, es la denominada ley de emergencia económica. La misma proteje las cuentas del estado provincial ante eventuales embargos por juicios perdidos y que el estado no paga. Si bien fue sancionada por un tiempo determinado, esta ley esta en vigencia hace ya mas de 10 años y la imagen que la misma da hacia fuera de la provincia no es de las mejores. Consultado el ministro de Hacienda respecto a su continuidad, teniendo en cuenta la actual coyuntura. Molina aclaró que “hoy no están dadas las condiciones para levantar la emergencia económica, pero esto no implica que en un futuro no muy lejano el estado deba entrar en un curso de normalidad y terminar con esa medida de protección”, aclaró el funcionario.

La finalización de la denominada emergencia, fijada por ley, regirá en la provincia al menos un año más. “La emergencia económica esta fijada hasta el fin del próximo año calendario. Corresponderá al próximo gobierno tomar las decisiones respecto al levantamiento o no de la emergencia”, aclaró Molina.