Nuestro país se encuentra sumergido prácticamente en un discurso único al referirse a dos conceptos que se han visto estrechamente vinculados: seguridad y justicia. En tiempos en que los jueces son cuestionados por las penas que imponen y más que nada, por las sentencias que no satisfacen el reclamo social, la sensación de injusticia cuando un hecho trágico sacude a una sociedad, queda flotando en el aire. Entonces, son los jueces los que dejan en libertad a delincuentes, homicidas y violadores. En ellos recaen los cuestionamientos y culpas, por la instancia de decisión del que son protagonistas últimos durante un proceso penal.

El sistema de juicios por jurados, integrados por ciudadanos comunes, es el que impera en Estados Unidos, pero también es el contemplado en nuestra Constitución Nacional aunque no se lleve a la práctica.

Por eso, el juez del Tribunal Oral Criminal Alfredo Deleonardis, consideró que resultaría relevante la implementación de este sistema, “sobre todo en un momento en el que la administración de Justicia está bastante deslegitimada por la sociedad”.

“Está previsto así en la Constitución y nada nos puede hacer pensar que eso no funcionaría”, sentenció.

En diálogo con Crítica Penal -programa que se emite los lunes de 21 a 23 por FM De la Azotea 88.7- el también docente universitario en Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, brindó precisiones técnicas sobre todos los elementos y actores que conforman un juicio oral penal y las diferencias con el sistema de juicios por jurados, que pasa del Poder Judicial a la ciudadanía, la responsabilidad de resolver un conflicto.