Risso se refirió al tema durante la hora de preferencias de la última sesión legislativa, ocasión en la que fundamentó un pedido de informes del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, aprobado posteriormente con los votos suficientes y dirigido al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco del denominado “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas” y el convenio firmado entre la Provincia del Chubut y el Gobierno Nacional.

El legislador radical aludió al envío al Poder Legislativo de un proyecto de ley referido a dicho desendeudamiento, planteando que la Provincia reconoce adeudarle 600 millones de pesos al Estado Nacional, y a la llegada posterior “de una adenda de ese convenio que me ha sorprendido”, aseguró.

“Nos llama poderosamente la atención que el gobernador de la provincia reconozca una deuda y luego firma un complemento por el que se exige que se desiste de cinco juicios”, aseguró, planteando que “estamos hablando del patrimonio provincial y no puede desistir de semejante posibilidad sin la autorización de esta Cámara, además de estar vinculado con una cuestión de honorarios que se miden en cientos de millones de dólares”, sostuvo.

El pedido legislativo procura la remisión del convenio firmado por la Fiscalía de Estado con los doctores David Halperín y Tomás Hutchinson en 2004 y 2008 (ampliación) y del contrato con la contadora Elsa Frattari, detallando a qué juicios se aplica el convenio firmado entre la Provincia del Chubut y el Gobierno Nacional en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas.

Llamativo desistimiento

Risso calificó al reconocimiento de la deuda como “un hecho nuevo”, al señalar que “hace unos meses atrás parecía que, a la inversa, la Nación nos debía plata a nosotros” y aludió al convenio complementario, firmado por el gobernador Martín Buzzi el 13 de abril pasado, “por el que la Nación le exige al Estado Provincial que desista de juicios en marcha”.

“En el convenio original de desendeudamiento no había ninguna obligación de renunciar a nada pero después se firma este complementario por el cual la Nación dice que tiene que renunciar a los juicios por los cinco reclamos a la Nación, referidos a los más de mil millones de dólares a los que hice mención”, añadió.

“Nos sorprende que la Provincia del Chubut acepte ahora que desistirá de los juicios mediante este convenio que será analizado por la Cámara de Diputados”, insistió el diputado radical.

Cobro de honorarios

“Si esta Cámara aprobara el convenio firmado por el gobernador se habilita automáticamente el desistimiento de los juicios y estamos hablando de la posibilidad de un crédito por más de mil millones de dólares, cerca de cinco mil millones de pesos”, continuó.

Al respecto mencionó la vinculación de esta renuncia “a los pactos de ‘cuota litis’ (acuerdo según el cual el abogado cobra una parte del

pleito como honorarios) con el estudio Hutchinson – Halperín y un acuerdo con una contadora (como titular intelectual de una fórmula para calcular diferencias de regalías)” que se firmaron en 2004 y 2008, durante las gestiones de los doctores Jorge Miquelarena y Diego Carmona en la Fiscalía de Estado.

Risso aludió a la nueva situación derivada de la decisión de desistimiento y “a las muchas formas existentes de terminar un conflicto”, aclarando que, sin embargo, “eso implica, automáticamente, el derecho de los profesionales a cobrar sus honorarios”.

Rol de la Fiscalía de Estado

En su introducción al planteo, Risso apeló a la Sección V de la Constitución Provincial referida a los Órganos de Contralor dentro de la estructura del Estado Provincial, entre los que se encuentra la Fiscalía de Estado (Capítulo I), recordando los preceptos constitucionales para dicho ente al que definió como “esencial, junto a la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas, para el funcionamiento del Estado Provincial”.

“El artículo 215 norma el funcionamiento y expresa que corresponde a la Fiscalía de Estado el control de legalidad de los actos administrativos del Estado y la defensa de su patrimonio y que es parte necesaria y legítima en todo proceso judicial en que se controvierten intereses de la provincia”, apuntó.

“La Fiscalía de Estado dictamina en forma previa a toda contratación de profesionales del derecho por parte del Estado Provincial, incluyendo entidades descentralizadas o autárquicas y sociedades del Estado, fijando en su caso los alcances del contrato”, añadió.

Abogados privados

Risso recordó también que “cuando se trata de la contratación de abogados privados para defender los intereses y derechos del Estado Provincial se ordena que se haga bajo el control y la aprobación de la Fiscalía de Estado”.

“Ni la Constitución ni las leyes dicen qué pasa cuando es la Fiscalía de Estado la que contrata los abogados. La Constitución no lo tuvo en cuenta porque la Fiscalía no debería tener esa necesidad. Tiene una dirección unipersonal que funciona como jefe de lo que sería el estudio jurídico que representa y defiende los intereses del Estado Provincial, conformado por un grupo de abogados”, añadió.

“La Constitución –enfatizó- nada dice cuando la Fiscalía se aparta, por sí sola, de esa obligación constitucional y en lugar de actuar de acuerdo con ese mandato decide buscar un estudio jurídico privado, una decisión que corresponde al Estado Provincial”.

Cinco juicios

Recordó los pedidos surgidos desde la Legislatura Provincial para conocer los juicios que el Estado Provincial tiene contra la Nación, al igual que el planteo en el período anterior referido a la contratación del estudio jurídico Hutchinson – Halperín para demandar a la Nación por regalías por mal liquidadas, “a pesar de la existencia de experiencia comprobadas en los estados provinciales en materia de reclamos a la Nación”.

“Hay cinco juicios en marcha y algunos hablan de planteos de inconstitucionalidad. Y estamos hablando de reclamos –por datos conocidos- que superan los mil millones de dólares, es decir cerca de cinco mil millones de pesos”, puntualizó.

Crédito potencial

Mencionó también la reciente presentación de un proyecto de ley sobre el control de los movimientos de petróleo crudo por su vinculación con el cobro de las regalías petroleras y la situación actual en la que “la liquidación no está firme sino que es provisoria, por estar basada en el sistema de declaraciones juradas”.

“El Estado Provincial tiene entonces, potencialmente, un crédito hacia las operadoras y, eventualmente, hacia el Estado Nacional, como responsable del control a través de la Secretaría de Energía”, subrayó.

Intervención parlamentaria

En otro tramo de su exposición, Risso citó la respuesta del actual fiscal de Estado, Blas Meza Evans, en el sentido de que “no hay ninguna decisión política tomada”, ante la advertencia periodística sobre la cuestión de los honorarios profesionales en el marco del desistimiento de juicio.

“La Constitución Provincial determina claramente que la Fiscalía de Estado debe controlar cuando el Estado contrata otro abogado. Pero quién controla a la Fiscalía de Estado cuando lo hace ella?”, señaló Risso.

“La Constitución también claramente determina que los convenios o contratos del Estado Provincial deben ser ratificados por esta Legislatura. Por eso lo que pedimos en esta solicitud de informes es que nos remitan los documentos originales para que los trate la Cámara y comience a ser parte de una cuestión que es central, para analizarlo como elemento del convenio general de desendeudamiento”, insistió el diputado de la UCR.