Neuquén > Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó en mayo el decreto 660 que creó el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, pocos prestaron atención al artículo décimo de ese texto, el cual establece que para la firma de los convenios se “deberán propender a solucionar los conflictos planteados judicialmente entre las partes”.

Desde el Ministerio de Hacienda de la provincia se indicó que el gobernador Jorge Sapag ya fue advertido sobre el tema, debido a que en el caso de Neuquén existen viejos litigios con el gobierno nacional surgidos, fundamentalmente, durante las administraciones de Jorge Sobisch al frente del Ejecutivo.

La mayoría, según explicó un ex funcionario provincial, están vinculados a reclamos por regalías mal liquidadas y coparticipación.

En una entrevista con el diario El Cronista Comercial de Buenos Aires el mes pasado, el procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, reconoció que la intención del Ejecutivo Nacional es que los gobernadores renuncien a las causas que llevan adelante ante la Corte Suprema de Justicia y le pidió a su presidente, Ricardo Lorenzetti, que el máximo tribunal no avance sobre este tipo de planteos para dar tiempo al gobierno de Cristina Fernández a negociar con las provincias por estas demandas.

El programa

La medida de desendeudamiento lanzada por la Presidenta el 10 de mayo implica un plazo de gracia de un año y medio, hasta el 31 de diciembre de 2011, en el cual las provincias que suscriban al acuerdo no pagarán amortizaciones de capital ni intereses. A partir de entonces, cancelarán sus obligaciones en un plazo de 20 años, a una tasa de interés del 6% anual en pesos, lo que implica una quita efectiva del 40%.

Durante los diez días siguientes del anuncio, las provincias debían manifestar por escrito su intención de ingresar al programa, trámite que cumplimentó el Ministerio de Hacienda de Neuquén. Pero la firma del convenio dependerá ahora de las gestiones que el propio Jorge Sapag realice ante las autoridades nacionales.

Para este año, la deuda que Neuquén tiene con Nación asciende a 217 millones de pesos (de un total de $1.800 millones) y todos los vencimientos mensuales la provincia los viene afrontando con recursos propios.

El otro tema que tampoco se resolvió es la inclusión de la provincia al Plan de Asistencia Financiera de Nación (PAF), tal como ocurrió en 2008 y 2009, mediante el cual se refinancia la deuda pública que incluye, además de los compromisos con Nación, el pago de vencimientos de los bonos Tidepro (emitidos en 2007 y que representan $206 millones), de los Tiprodeu (lanzados en 2008 y por los que se debe pagar 70 millones de pesos) y la cancelación de deudas con organismos internacionales de crédito. Todo esto hace a un monto total de 540 millones de pesos de los cuales el Ejecutivo neuquino había pautado en su Presupuesto un ingreso de 400 millones de pesos por una asistencia financiera que todavía no se concretó.