El juicio a la aguerrida secretaria general de ATE comenzará el martes próximo en la Séptima Cámara del Crimen, pero el hecho por la que está acusada se produjo en 2009. Junto a Blas, también estará en el sillón de los acusados el secretario gremial de ATE, Roberto Macho.

Según la versión de Pedro Masman, ex funcionario del Ministerio de Salud, durante una tensa reunión con sindicalistas y empleados estatales en la Casa de Gobierno, Blas amenazó a las autoridades presentes con provocar incidentes si no le daban lo que pedía. Si se comprobara que fue cierto, la pena ronda para la sindicalista rondaría entre los 4 y 6 años de prisión, que para algunos podría hacerse efectiva, debido a la suma de causas en su contra que tiene la gremialista.

Sin embargo,soe la dirigente desconoce haber tenido ese comportamiento durante la asamblea de 2009 y, en cambio, sospecha que este proceso puede tener el objetivo político de "criminalizar la protesta", justo cuando está por comenzar la paritaria salarial con el Gobierno.

Por esta razón, el inicio del juicio contra Blas tendrá el "acompañamiento" de alta figuras del sindicalismo crítico del país. Por empezar, estará en la provincia Pablo Micheli, líder de la CTA opositora, a quienes se sumarán el secretario general de ATE nacional, Julio Fuentes, jefes gremiales de otras provincias y hasta dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Salud de Chile.

Los líderes sindicales harán un acto "muy tranquilo y pacífico" frente a Tribunales mientras se desarrolla la primera jornada del juicio.

Inocencia. "Soy inocente y espero que la Justicia actúe con objetividad e independencia. Pero acá lo raro es que una cosa como esta haya llegado donde llegó. Puede haber un armado político", advirtió Blas de cara al primer juicio oral y público que deberá enfrentar.

Y agregó: "Hay preocupación en los compañeros de ATE y CTA, porque se quiere criminalizar la protesta y esto quizás sea un laboratorio de ensayos".

Según la sindicalista, "en este país hay 3.850 dirigentes gremiales procesados y eso es una barbaridad". Incluso consideró que, en este contexto, "no es descabellado que algún fiscal pueda dictarnos prisión preventiva aludiendo la posibilidad de que nos escapemos".

Las sospechas de Blas se montan en el hecho de que la fiscal Claudia Ríos, quien intervino en la asamblea de 2009 que originó la causa, había pedido el sobreseimiento de los imputados porque no detectó ningún delito, pero después apareció la jueza de Garantías Alejandra Mauricio, quien valoró las declaraciones de Masman y e impulsó el juicio.

Hasta la participación desde la Corte de Mario Adaro, quien era entonces ministro de Gobierno, genera especulaciones en el bando gremial.

Desfile de funcionarios. Lo cierto es que por la Séptima Cámara del Crimen habrá un desfile de funcionarios y ex funcionarios a partir del martes por el juicio a Blas y Macho.

Sucede que, a pesar de que todo ocurrió durante el gobierno de Celso Jaque, muchos de los que formaban parte de la gestión en 2009 y fueron interrogados en la etapa de la instrucción, continuaron en la gestión de Francisco Pérez.

Es el caso, por ejemplo, del ministro de Seguridad Carlos Aranda y el coordinador de gabinete Eduardo Bauzá. Aranda era por entonces director de Inteligencia Criminal, y Bauzá, el jefe de gabinete de la cartera.

Los dos acudieron a la asamblea por la posibilidad de que hubiera incidentes, en medio de una reunión que se desarrollaba en el quinto piso de la Casa de Gobierno y que había generado una movilización afuera del edificio.

La Justicia también pidió explicaciones al vicegobernador Carlos Ciurca, quien en aquella época era el ministro de Seguridad de la provincia.

En la conflictiva reunión hubo funcionarios y gremialistas lesionados por los enfrentamientos, que no fueron solamente verbales. Entre ellos el entonces ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, a quien Blas le rompió en la cara unos papeles, en desacuerdo con el ofrecimiento del Gobierno.

Anécdotas del alboroto y la violencia de esa jornada hay muchas, aunque hasta aquí nadie aportó a la causa datos que ratificaran las amenazas que escuchó Masman, quien ocupaba en 2009 el cargo de subsecretario de Planificación del Ministerio de Salud.