Los dos oficiales retirados tuvieron participación en las acciones que llevó a cabo la Policía inmediatamente después del secuestro del ex gobernador Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976.

Ambos fueron citados como testigos en el juicio oral y público que se sigue por este hecho, el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal. Si bien ambos insistieron en que desean colaborar con la justicia, y brindaron alguna información, el fiscal consideró que estaban ocultando la verdad, basándose en las muchas contradicciones en las que incurrieron. La audiencia de ayer duró casi todo el día. Declararon seis testigos, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, el ex senador nacional Horacio Bravo Herrera y el periodista Luis César Andolfi.

En marzo de 1976 Saravia estaba a cargo del Departamento de Informaciones Policiales (que antes se llamaba División de Contralor General), que tuvo intervención en el sumario iniciado ni bien se cometió el secuestro. Pero el ex jefe afirmó ayer que su Departamento no realizaba sumarios, y que "no tuvo participación en la lucha antisubversiva".

Sus afirmaciones fueron rápidamente desmentidas cuando el fiscal las contrastó con el expediente, en el que consta que el propio Saravia había firmado un radiograma enviado a las dependencias policiales de la provincia, además de otros trámites llevados a cabo.

"Más allá de que es el primer testigo policía que reconoce la existencia del D2 (el Departamento de Informaciones Policiales, que hacía tareas de inteligencia), tiene contradicciones con las constancias del expediente. (…) Evidentemente, con su declaración lo que está haciendo es ocultar información", sostuvo el fiscal al pedir su detención y encausamiento por falso testimonio. Dijo que el policía intentó "contentar al Tribunal" dando información sobre el D2.

Saravia fue uno de los veinte policías que en junio de 1973 fueron acusados de cometer vejámenes durante la dictadura de Lanusse.

El abogado Martín Avila, querellante por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia, le recordó que en realidad fue Ragone, cuando Rubén Fortuny era jefe de la Policía, quien los suspendió en sus funciones, el 12 de julio de 1973.

Para el caso de Liendro, que en 1976 era subcomisario y era el tercero en la línea de mando de la Comisaría Primera, que intervino en las primeras actuaciones por el secuestro del ex gobernador, el fiscal también entendió que no estaba siendo sincero, basándose en las contradicciones entre el testimonio de ayer y el que dio durante la instrucción (en 2005) y con las constancias del expediente.

El fiscal advirtió que es sistemático que policías vengan al juicio a tratar de hacer creer que andaban "como caballos con anteojeras", sin enterarse de nada.

Señaló que los subalternos dicen que todo lo hicieron los comisarios, y éstos dicen no haber hecho nada.

"No fue nadie o fueron todos", reflexionó antes de pedir la detención de Liendro y su encausamiento por falso testimonio.

El último testigo de la jornada, Miguel Agüero, que era "cuñado, compadre y amigo" de Fortuny, también se refirió a los policías.

Ex policía, en 1973 acompañó a su pariente en la gestión, fue nombrado secretario general de la Policía y tuvo participación en la investigación a los oficiales acusados por vejámenes. Contó que el policía Julio de Ugarriza, sindicado como el asesino de Arredes en el secuestro de Ragone, ya sobreseído, "era un experto en armas. Era campeón de tiro".