Ese cuerpo legislativo “reservó en Secretaría” el expediente y no resolvió plazos para avanzar con su análisis. LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES SE REALIZÓ EN EL RECTORADO DE LA UNNE. “No prosperará. No existe posibilidad alguna”. Así de tajante fue la afirmación de una alta fuente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) consultada por época. El motivo del requerimiento: la denuncia presentada en Diputados por el cuatro veces condenado ex gobernador y ex intendente Raúl “Tato” Romero Feris contra tres (de los cinco) miembros del máximo cuerpo del Poder Judicial correntino. Las razones de la confianza de los magistrados: no habría fundamentos jurídicos para una acusación como la formulada ni voluntad política en la Cámara baja provincial para que prospere.

En la sesión Ordinaria y nocturna del miércoles pasado, Diputados tomó contacto con un pedido de juicio político presentado por Romero Feris contra Carlos Rubín, Guillermo Horacio Semhan y Juan Carlos Codello, todos ellos integrantes del STJ. El líder nuevista argumentó en su denuncia “mal desempeño” en sus funciones por parte de los magistrados. Es que entendió que existieron irregularidades en los procedimientos judiciales que derivaron en las cuatro condenas contra su persona y que cada vez que un expediente cayó en manos del Superior “la mayoría automática” (así denominó a estos ministros) falló en su contra.

Tal presentación la realizó a días de que el STJ entienda en la casación por la cuarta condena a Romero Feris (causa Santa Catalina en la que fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión) y por la posible unificación de las penas (todas suman más de 19 años) que podría derivar con el líder nuevista otra vez en prisión.

Durante la sesión del miércoles, la vicepresidente segunda de Diputados, la nuevista Nora Nazar - esposa de Romero Feris -, fue quien propició que el expediente con la denuncia “quede reservado en Secretaría” para que los legisladores tuvieran oportunidad de evaluar las supuestas anomalías en los procedimientos judiciales que, a su entender, dieron origen a la presentación contra los ministros del STJ.

En ese encuentro parlamentario, la minoritaria oposición justicialista propuso un plazo para el tratamiento del expediente. La mayoría oficialista votó para que la denuncia no tenga una fecha para su análisis en el recinto. Es decir, que la evaluación legislativa de la presentación quede indefinida en el tiempo.

Los peronistas protestaron por la postura de indefinición. María Inés Fagetti dijo que viola los derechos del debido proceso. Luis Badaracco aseguró que hay una intencionalidad, que se presta a especulaciones y presiones y que coloca a los miembros del STJ en una situación de rehenes de una decisión política.

Como es habitual, los reproches peronistas cayeron en saco roto. El oficialismo impuso su mayoría. Sin embargo, el procedimiento adoptado (el pase a Secretaría) no está previsto en el artículo 132 de la Constitución provincial - punto en el que están contempladas las bases para el procedimiento de un Juicio Político a, entre otros, ministros del STJ-. “Cuando menos se puede decir que la decisión de Diputados es irregular”, comentó a época otra fuente judicial.

Todos los expertos consultados por este medio coincidieron, de una manera u otra, con algunas apreciaciones vertidas por Fagetti y Badaracco en la sesión: la razón de reservar en Secretaría la denuncia derivaría en que alguien “se vea tentado” de utilizar, en algún momento, esta herramienta para “presionar” a los ministros del STJ.

Según la Constitución provincial, las denuncias deben ser presentadas en Diputados y ese cuerpo podrá rechazar “in límine” (cuando la misma no tenga sustento) o girarla a la correspondiente comisión para su análisis y posterior dictamen - nada dice de la reserva en Secretaría -. Esta decisión se logra en votación nominal y por mayoría simple.

Si la denuncia pasa a comisión, ésta tendrá 20 días hábiles para elevar un dictamen por escrito al cuerpo a favor o en contra de la acusación.

Si el dictamen de la comisión respalda la denuncia, el mismo debe ser avalado en sesión por dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Cámara baja. Recién entonces Diputados se transformará en el cuerpo acusador, nombrará a tres de sus miembros para que sostenga la postura ante el Senado, que será el que en definitiva juzgará a los magistrados.

Para que se den estas circunstancias hay un largo camino que desandar. Primero: que haya voluntad política de evaluar el expediente y no de retenerlo para que sea tratado “en cualquier momento”. Segundo: verificar que la denuncia tenga fundamentos. Tercero: que existan las voluntades para acusar a los ministros.