Sin Héctor "Zapallito" Molina fracasó un pedido de nulidad y prescripción de la causa contra Luis Castillo y doce ex funcionarios de su gestión, cuando estaba al frente del municipio de Centenario.
Ayer, la Cámara Criminal Primera, esta vez presidida por los jueces Mario Rodríguez Gómez y los subrogantes Marcelo Benavides y Dardo Bordón, resolvieron no dar lugar a los planteos de la defensa por prescripciones, insubsistencia de la acción penal y nulidad.
El líder de los desocupados, Héctor “Zapallito” Molina, (acusado de haberse quedado con dinero de los subsidios a desocupados) era la cabeza visible de innumerables cortes de ruta, acciones que según la investigación estaban apadrinadas por Castillo.
Molina no será juzgado, ya que hace una semana la Cámara le concedió la suspensión del juicio a prueba, tras el pedido de insubsistencia de la acción penal por parte de su defensor. El ex piquetero no era funcionario público pero en los hechos era una pata central del poder político, según lo reflejan los testigos y las escuchas telefónicas.
La investigación comenzó hace poco más de diez años, en la mitad del mandato de Castillo, cuando la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública (en ese entonces presidida por Pedro Telleriarte) recolectó documentación, expedientes, cheques y escuchas.
Los imputados están acusados de peculado reiterado, valiéndose de la función pública para desviar fondos de los subsidios que nunca llegaron a desocupados. Para esto, la fiscal de Cámara, María Dolores Finiochetti, volvió a presentar las maniobras por las cuales se adulteraban los expedientes con el fin de sacar dinero fresco para beneficio personal.
Decenas de hechos
Finochietti enumeró decenas de hechos imputados por peculado reiterado y sustracción de caudales por parte de Castillo y sus ex funcionarios. Ejemplificó que en el año 2002 se autorizaban pagos de planes de entre 475 y 1.830 pesos a desocupados que nunca lo percibieron.
También pagos a empresas en situación irregular, como el realizado a la empresa El Sultan, de servicios y montajes, cuyo dueño había fallecido hace meses. Los cheques salían a nombre del fallecido y eran endosados por funcionarios.
Existen también constataciones de empresas que no realizaron servicios como El Topo, a la que se le pagó un aporte de 3.325 pesos (hace diez años) para realizar “950 pozos” que nunca se hicieron.
La fiscal y los jueces no hicieron lugar al planteo de los defensores Gustavo Vitale y Alejandro Bustamante en un intento de frenar el debate, de una voluminosa causa que tiene 29 cuerpos y más de 5 mil fojas.
Uno de los defensores argumentó que no pudo leer el expediente judicial en tres días, tras la dimisión de Ricardo Cancela, el abogado del ex intendente. Acto seguido, los demás defensores solicitaron la insubsistencia de acción penal, equivalente a un sobreseimiento.
El juicio siguió su marcha, aunque los jueces, antes de comenzar el debate resolvieron aceptar el pedido de suspensión de juicio a prueba (probation) a favor de Samuel “Chamo” Bustos (lo defendía Eduardo Badano), ex encargado de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, por considerar que no tenía atribuciones de funcionario público.
También, están involucrados pequeños comerciantes de la localidad y prestadores de servicios, quienes aportaron facturación para justificar rendiciones de gastos de caja chica, y razones sociales de dudosa procedencia.
Los imputados que quedaron son Patricia Gutiérrez (ex secretaria de Gobierno), Roberto Contreras (ex secretario de Hacienda y Finanzas), Mario Rechioni (ex director de Acción Social), Elvira Ascolese (ex directora de Acción Social en otro período), Néstor Larrazábal (jefe de Compras), Emilio Cimolai (ex director de Producción, Turismo y Medio Ambiente), Carlos Iribarren (ex director de Servicios Públicos).
También están imputados los empleados y prestadores de servicios Gonzalo Sandoval, Oscar Mendoza y Manuel Gómez, representados por Vitale, y Marta Escobar, por Badano.
El juicio continuará el martes próximo con la declaración de siete testigos, en su mayoría beneficiarios de planes.
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