“La mayor paradoja del juicio que se inició el 24 de enero al juez español Baltasar Garzón es que quizás marca el camino para cerrar cualquier intento de hacer justicia a las víctimas de los crímenes del franquismo”, advirtió el diario El País de España en un editorial en la que analiza la causa que se le inició al magistrado por presunta prevaricación, al declararse competente para investigar las desapariciones de la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).

Pero además, el análisis respecto de las audiencias que se están desarrollando, marca otra paradoja, que quizás, es la más relevante para España: quienes acusan a Garzón tratan de evitar que se investiguen las desapariciones durante el franquismo, hicieron que ahora, en el Tribunal Supremo, se escuchen por primera vez los testimonios de quienes piden el hallazgo de los restos de sus familiares.

En este sentido, gran parte de la opinión pública española considera que el juicio al juez Baltasar Garzón y la búsqueda de justicia por los delitos contra la humanidad cometidos durante el franquismo llegan en un momento muy particular de España y de Europa en general. El avance de políticas neoliberales, la marcada involución de derechos sociales y económicos, se corona con un gobierno de derecha que a finales de 2011 ganó las elecciones españolas.

Garzón, de 56 años, es juzgado a pedido de dos grupos ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad, quienes lo acusan de vulnerar una ley de amnistía de 1977 al intentar investigar estos casos.

El magistrado está acusado del delito de prevaricato, que significa que, aún a sabiendas de una resolución injusta, se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo y ordenó la exhumación de fosas comunes.

De ser declarado culpable, el magistrado, mundialmente conocido por la detención de Augusto Pinochet en 1998 en Londres, puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el fin de su carrera.

La defensa de Garzón llamó a declarar a más de 20 testigos que hasta el 8 de febrero relataran sus historias en un caso que despierta fuerte expectación dentro y fuera de España. Para los familiares de las víctimas, “ver cómo criminalizan al juez que los ha intentado ayudar es terrible”, afirma Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Clima social propicio al olvido

Uno de los que sostiene la defensa del juez Garzón es el abogado argentino Carlos Slepoy, exiliado en Madrid desde 1975, quien integra el equipo jurídico que ha interpuesto una querella por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el franquismo y explica cómo interpretar las verdaderas razones del juzgamiento a Garzón por prevaricato.

—¿Por qué considera que se ha tardado tanto tiempo en España en recuperar la memoria histórica de lo ocurrido durante el franquismo?

—Por una parte la dictadura duró 40 años y produjo el exterminio de múltiples grupos humanos: políticos, sociales, culturales, etcétera. Por otra, y como suele ocurrir en estos casos, las complicidades de un lado y los temores a una reinstauración dictatorial de otro, determinaron que se sellaran acuerdos de impunidad, cuya expresión legislativa fue la Ley de Amnistía. Esta ley fue suscripta y promovida lamentablemente por partidos políticos, como el Socialista y el Comunista, que tenían entre sus filas, en especial este último, decenas de miles de víctimas.

Se creó de este modo un clima social propicio al olvido y la impunidad que, sin embargo, comenzó a revertirse hace unos diez años aproximadamente, cuando los nietos empezaron a buscar a sus abuelos en fosas comunes (más de 1.000 detectadas hasta el momento) y cunetas y dieron origen a las asociaciones de la memoria histórica que han tenido una importancia trascendental en este proceso, ya indetenible a mi entender, de lucha por la justicia. No tengo dudas de que la impunidad del franquismo tiene los días contados.

—¿Cuántos desaparecidos o asesinados víctimas del franquismo se han contabilizado hasta ahora?

—En las actuaciones llevadas a cabo por Garzón se calculan en 113 mil los desaparecidos y en 30 mil los niños secuestrados y privados de su identidad, sólo en el período 17 de julio de 1936 –fecha del comienzo del alzamiento militar contra la República– hasta finales del año 1951. No hay cifras definitivas de los asesinados y torturados que sin duda quintuplican, al menos, esas espeluznantes cifras en dicho período. A ellas hay que sumar las producidos a partir de 1952 y hasta el final de la dictadura, el 15 de junio de 1977, en que se producen las primeras elecciones libres, que son igualmente un altísimo número.

—Desde la Argentina, familiares de las víctimas han presentado demandas. ¿Cuál es la figura o el fundamento utilizado para cumplir con los objetivos de Justicia?

—Nosotros hemos interpuesto la querella por el crimen internacional de genocidio o, subsidiariamente, por crímenes de lesa humanidad. Ambos tipos de delitos constituyen crímenes contra la humanidad, imprescriptibles, inamnistiables, inindultables y perseguibles judicialmente por distintos tribunales del mundo en todo tiempo y lugar.

Políticas regresivas

—¿Es posible analizar este juicio como parte de una política ofensiva y de ajustes en un contexto de crisis?

—Desde luego que tienen gran incidencia. El constante retroceso respecto de derechos y conquistas sociales, conseguidas con mucho esfuerzo y sacrificio por miles de personas, constituye un caldo de cultivo propicio para que los distintos poderes fácticos e institucionales se sientan respaldados para aplicar políticas regresivas y adoptar resoluciones contrarias a derechos fundamentales, como son, en este caso, las relativas a los Derechos Humanos violados masivamente por la dictadura franquista.

En primera persona

“La noche del 21 de septiembre de 1936, a mi madre se la llevaron a declarar pero la mataron por el camino, mataron a 27 hombres y tres mujeres”, declaró emocionada María Martín López, de 81 años, ante el Tribunal Supremo, y se convirtió en uno de los primeros testimonios del franquismo relatados en sede judicial. María tenía apenas seis años la última vez que vio a su madre, Faustina López González, y desde entonces su familia lucha por recuperar sus restos, enterrados en la pequeña localidad de Pedro Bernardo.

“Sabemos dónde está. Hay que medir unos 11 o 12 metros desde el puente y allí está tirada”, afirmó, explicando que el lugar fue descubierto por su tío y su hermana, que entonces tenía 12 años. “Siempre mi padre, hasta que murió en 1977”, escribió a las autoridades locales para intentar recuperar el cuerpo, recordó María. “Le dijeron: «Márchate, déjanos en paz, no nos reclames, no vayamos a hacer contigo lo que hicimos con ella»”, explicó la anciana, otra testigo de la defensa de Garzón.