Después de la suspensión que había determinado el tribunal conformado por los jueces Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelle, el martes 17 a las 11 comenzará finalmente el juicio que estaba previsto que se iniciara el pasado lunes para juzgar a militares acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Base Naval de esta ciudad durante la última dictadura cívico militar. A pedido de la defensa de los represores, los magistrados demoraron el inicio del proceso para evaluar unir las dos causas (Base Naval I y II) referidas al señalado lugar donde funcionó un centro clandestino de detención.
En la causa figuran cinco imputados –dos miembros del Ejército y tres de la Armada-, pero sólo tres se iban a sentar en el banquillo. Se trata del ex general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, del ex capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y del contralmirante Roberto Luis Pertusio. El ex coronel Pedro Alberto Barda y el marino Juan Carlos Malugani no estaba previsto que fueran juzgados. Ambos, dijeron, están afectados por una enfermedad mental degenerativa.
Militares y marinos están imputados por los secuestros, torturas y, en algunos casos, homicidios perpetrados contra Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Omar Tristán Roldán, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg, Alicia Rodríguez de Bourg, y las sobrevivientes Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez.
“NO HAY MARCHA ATRÁS”
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, aseguró ayer que los juicios por delitos de lesa humanidad, que se tramitan en todo el país, constituyen una “decisión de toda la sociedad y no hay marcha atrás”, ya que “no depende de la coyuntura sino está dentro del contrato social y forma parte del consenso básico de la sociedad”.
El titular del Máximo tribunal reconoció que “vivimos una tragedia” en referencia a la última dictadura militar y sostuvo que los represores que están siendo sometidos a proceso “siempre tuvieron garantizada la defensa y el debido proceso, aunque ellos no las hayan dado”.
Lorenzetti hizo estas afirmaciones durante la presentación oficial del informe sobre la tramitación de los juicios por delitos de lesa humanidad en los que los tribunales de todo el país revisan los hechos ocurridos durante el gobierno que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.
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