Hace unos días el fiscal Fernando Rivarola elevó a juicio la causa penal en la que están procesados Enrique Manuel Romero Oneto y Carlos Oppezzo por el cobro y el pago de coimas, respectivamente, y ahora sólo resta que la Cámara en lo Criminal 1 le ponga fecha al debate oral y público.
El paso que dio Rivarola fue el último de la etapa instructoria. ¿Qué pasará ahora? La fiscalía de Cámara mantendrá la acusación, el tribunal le dará vista a las partes para que ofrezcan nuevas pruebas y, finalmente, le pondrá día y hora al juicio oral y público.
La investigación había estado "escondida" en el Juzgado de Instrucción 5 mientras el tribunal estuvo a cargo de los jueces Carlos Jorge y Carlos Mattei, y recién fue desempolvada cuando Daniel Saez Zamora reemplazó a éste último que había sido ascendido a camarista. El nuevo juez procesó a ambos por coimeros, un delito que técnicamente se denomina cohecho y que se sanciona con entre uno y seis años de prisión.
Saez Zamora, en principio, dio por probado que Romero Oneto, siendo asesor legal y coordinador de la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado (Cotarc), cobró los 59 cheques durante cinco años y en forma consecutiva por 86.000 pesos-dólares de parte de Oppezzo, contratado por el Estado provincial como responsable de la inspección y la dirección técnica del acueducto. Los pagos se hicieron entre noviembre de 1998 y noviembre de 2003.
La Cotarc era justamente el organismo que debía controlar a la inspección. Por eso el magistrado, en los fundamentos del auto de procesamiento, sostuvo que el controlado le dio sobresueldos al controlante. Dijo que el ex titular de la FIA cometió el delito de cohecho pasivo ("el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva, o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones"), y Oppezzo el de cohecho activo ("el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas").
Este último, en su primera declaración ante la justicia, expresó que los 86.000 pesos-dólares que le entregó a su amigo fueron por "un servicio de consultoría jurídica", pero Saez Zamora no lo creyó porque -entre otras razones- en esos cinco años no halló ninguna causa judicial en la que él hubiera actuado como litigante y Romero Oneto como abogado ante tribunales provinciales.
El primer cheque fue abonado poco después de que Oppezzo firmara con el gobierno un contrato por 4.146.000 pesos-dólares; y el último, el 5 de diciembre de 2003, poco antes de que él y Romero Oneto dejaran de tener vinculación con la obra del acueducto. ¿Cuál fue el presunto beneficio que obtuvo Oppezzo? Que Romero Oneto le facilitó el camino dentro de la Cotarc y le hizo ganar más dinero, al no objetar en sus dictámenes las cuatro ampliaciones del contrato original.
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