El pasado jueves el Tribunal, integrado por los jueces platenses Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli, resolvió "no hacer lugar" a la suspensión del juicio pedida por Carlos Meira, defensor del militar Alfredo Arrillaga. Además dispusieron que los testigos víctimas y mayores de 70 años comunes a los procesos de la Base Naval I y la Base Naval II "declaren sólo una vez y cuando esté ofrecida la prueba en la otra causa".

En este juicio se sentarán en el banquillo el ex general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, el ex capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y el contralmirante Roberto Luis Pertusio, mientras que otros de los represores, el ex coronel Pedro Alberto Barda y el marino Juan Carlos Malugani no serán juzgados ya que ambos están afectados por una enfermedad mental degenerativa.

De esta manera, militares y marinos están imputados por los secuestros, torturas y, en algunos casos, homicidios perpetrados contra Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Omar Tristán Roldán, Delia Elena Garaguso, Juan Raúl Bourg, Alicia Rodríguez de Bourg, y las sobrevivientes Nancy Carricabur y Stella Maris Nicuez.

Durante el proceso, el Ministerio Público estará representado por el fiscal federal general Daniel Adler y como querellantes figuran los abogados Cesar Sivo, Gloria León y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Se estima que la etapa de debate se extenderá hasta mediados de noviembre y las audiencias tendrán lugar, por el momento, los lunes y martes, en cuyas audiencias pasarán alrededor de 60 testigos.

Al respecto, en declaraciones a Radio Nativa, el Fiscal Adler dijo que aguarda el debate oral y público con la esperanza de que “se haga Justicia después de tantos años de investigaciones, de declaraciones de testigos, de recursos judiciales y del esfuerzo de los querellantes se lleva a cabo este juicio oral”.

En ese orden, el letrado aseguró que “las expectativas son positivas”. “Cuando uno decide llevar una causa a juicio tiene expectativas de que haya Justicia y más cuando pasaron tantos años”, aportó.

Además, advirtió que “el Ministerio Público realizó las gestiones para que se unifiquen las causas Base Naval I y II”, a la vez que aclaró que, “temiendo que nuestra presentación pudiera generar la suspensión del juicio, desistimos de la presentación porque la intención de la Fiscalía siempre fue que el juicio comenzara”. “En cambio, la defensa pidió explícitamente la suspensión del juicio”, explicó.

No obstante, insistió en que “es una pretensión clara del Ministerio Pública para evitar la multiplicación de testimonios: no es lo mismo juzgar a 3 represores por un centro clandestino de detención que a 13; no es lo mismo escuchar a 4 víctimas que a 70 hablando de la realidad de lo que pasó en los años de la dictadura y en todo el sistema represivo de Mar del Plata.”

"Este no es el momento, pero lo haremos a la brevedad”, remarcó por último.

ARRILLAGA Y SU PASO POR LA TABLADA

El 23 de enero de 1989 un grupo de 42 militantes del MTP (Movimiento Todos por la Patria) tomó la decisión de ocupar por asalto el cuartel militar del Tercer Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada, provincia de Buenos Aires. La decisión respondió a una información sobre un supuesto e inminente golpe de Estado que estarían gestando militares “carapintadas”, y -según su interpretación- encontraban su justificación en el articulo 21 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de los ciudadanos de armarse en defensa de la Nación.

Los militantes lograron ingresar al cuartel, pero tuvieron que enfrentarse durante 30 horas a 3.600 efectivos de Gendarmería Nacional y militares, que rodearon la unidad bajo las órdenes de un comando unificado, en la persona del general de brigada Alfredo Arrillaga.

En la oportunidad, el Ejército recurrió a la utilización de blindados y al bombardeo del lugar con fósforo blanco, prohibido por Naciones Unidas. Los civiles caídos fueron 28 y hubo 3 desaparecidos. La policía y el Ejército tuvieron 11 muertos, la mayor parte a consecuencia de sus propios bombardeos.

Las personas capturadas -según testimonios posteriores- fueron brutalmente torturadas. La Cámara Nacional de Casación Penal condenó a los atacantes a distintas penas, basándose en la Ley de Defensa de la Democracia, mediante la cual los procesados fueron despojados del derecho a apelación.

Al represor Arrillaga se le imputan las desapariciones de varios militantes del MTP durante esa jornada pero, además, con él se vinculaban no sólo la comunidad informativa de la dictadura militar y del los primeros años de la democracia, sino también los civiles que participaban de la actividad represiva