En este punto el legislador recordó que "todos los acuerdos que celebró La Pampa o fueron absolutamente neutros en términos de beneficios reales, o resultaron abiertamente inconvenientes a nuestros intereses. El ejemplo emblemático fue el Tratado de 1992, grosero error político que significó el cambio de un caño por un río", expresión que por muchos años se utilizó en nuestra Provincia para descalificar aquel acuerdo. En esa oportunidad La Pampa aceptó que el Estado Nacional transfiera a favor de Mendoza la propiedad de los Nihuiles. "Ahí nos pusimos de rodillas y nunca más nos levantamos", ratificó Berhongaray.

Grave error.

Además hizo referencia al Acuerdo Marco de 2008, "también claramente más favorable para Mendoza, como lo sostuvo desde un comienzo la Fuchad. Básicamente porque el agua que eventualmente llegaría a La Pampa sería recuperada por las obras de impermeabilización de canales, con lo que Mendoza mantendría así su histórica postura de no ceder un solo litro del Atuel con el argumento de no alterar los derechos 'adquiridos' por sus regantes. Además el acta acuerdo no establece la calidad de agua que Mendoza debe entregar, y este fue otro grave error de las autoridades pampeanas".

En relación con aquel juicio que Jorge dice que nuestra Provincia perdió, Berhongaray contestó que se ganó. "Para comprender esto tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Pensemos que hasta el dictado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mendoza negaba que el río Atuel fuera interprovincial y decía durante el juicio que el Atuel perdía su perennidad al sur de la localidad de Carmensa. Es decir, dejaba de ser un río en su ingreso a La Pampa. Los datos históricos, geográficos, hidrológicos, incorporados por La Pampa durante el juicio, tiraron por tierra la pretensión mendocina, y después de 1987 Mendoza nunca más volvió a cuestionar su carácter interprovincial. Ese fue un punto muy alto del fallo, en favor de La Pampa", refutó al primer mandatario.

"Sin sustento legal".

Con respecto al derecho a regar 75.600 hectáreas que el fallo acordó a Mendoza opinó que "fue la solución que la Corte reputó como 'adecuada' para aquel momento histórico, en 1987. Pretender extender indefinidamente los alcances de esa decisión comporta un absurdo carente de todo sustento legal".Y razonó: "No hace falta ser abogado para comprender qué hubiera pasado si tras 25 años el río Atuel hubiese perdido la mitad de su caudal: significaría que en los hechos la Corte Suprema, con aquella decisión, habría privado a una provincia, La Pampa, de un río interprovincial, y claramente la Corte no tiene facultades constitucionales para ello. De allí la imposibilidad jurídica de extender en el tiempo los alcances de lo decidido en torno a ese punto".

Punto a favor.

Recordó que además la Corte "ordenó a Mendoza que mejore la eficiencia de riego, que por entonces era de sólo el 30%. Ese fue otro punto importante en favor de La Pampa. A 25 años de ese fallo Mendoza sigue desperdiciando el 70% del agua del Atuel que usa para regar. Es decir que no cumplió la orden de la Corte. Mendoza utiliza en la cuenca el mismo sistema de riego que hace 200 años utilizaban los pueblos originarios, que en ese momento no tenían otras alternativas técnicas. Aunque en el resto de la provincia de Mendoza los sistemas de riego son mucho más modernos".

El legislador, en el final, se refirió también a otro aspecto importante: "La Corte Suprema exhortó a las provincias a celebrar acuerdos de cooperación para la participación razonable y equitativa de los futuros usos".