Pese a que se había fijado la fecha con meses de antelación, la Cámara Federal de Casación Penal suspendió ayer sorpresivamente la audiencia en la que iba a dar a conocer su decisión en torno a la constitucionalidad o no del polémico Memorándum de Entendimiento firmado con Irán en 2013 en torno a la causa judicial por el atentado contra la AMIA de 1994.

Fuentes judiciales atribuyeron la suspensión a desinteligencias entre los jueces que deben resolver el trascendental asunto. Ellos son la presidenta de la Casación, Ana María Figueroa, y sus colegas Juan Carlos Gemignani y Luis María Cabral. Las fuentes advirtieron la posibilidad de que la resolución se dilate más aún en el tiempo ante el vencimiento de las subrogancias en el tribunal, el 30 de este mes.

Ocurre que el kirchnerismo aprobó recientemente una ley de subrogancias que permitiría al Consejo de la Magistratura, donde tiene mayoría, designar a nuevos subrogantes en la Cámara Federal de Casación Penal. Hasta ahora, las cámaras de apelaciones designaban entre jueces del mismo tribunal a los subrogantes en las vacantes existentes en sus respectivos fueros. Uno de los subrogantes en esa sala es Cabral, un juez que desde la Asociación de Magistrados tuvo fuertes cruces con el Gobierno. Ante esta situación los abogados de la DAIA y la AMIA pidieron un pronto despacho a Casación.

“La postergación es un escándalo. No se puede citar a las partes y suspender sin dar explicaciones. Genera sospechas y vicia el procedimiento. No hay dudas de que el Memorándum es inconstitucional y que es un alto costo para la política exterior del Gobierno”, dijo la diputada Laura Alonso (PRO).

La Cámara Federal de Casación Penal tiene a estudio el caso hace varios meses, luego de la apelación planteada por los abogados del Estado contra la decisión, el año pasado, de la sala I de la Cámara Federal penal porteña de declarar la inconstitucionalidad del pacto ratificado por ley del Congreso, pese a las presiones del Gobierno.

El argumento de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero fue que a través del acuerdo se violaron diversas garantías constitucionales y que se invadía la esfera de la Justicia al tratarse de una causa en trámite en la Argentina.

La inconstitucionalidad del pacto había sido pedida por las autoridades de la DAIA y de la propia AMIA, con el apoyo del fiscal Alberto Nisman, hallado muerto este año en su departamento en circunstancias que la Justicia aún no pudo determinar. Cuatro días antes de aparecer muerto de un balazo en la cabeza, Nisman había denunciado a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman, entre otros, de haber materializado el pacto para encubrir a los iraníes por él acusados. Nisman había responsabilizado por el atentado en 2006 a las máximas autoridades del gobierno iraní de 1993 y por ello logró órdenes de captura internacional aún vigentes.

La Cámara Federal de Casación Penal puede confirmar directamente la decisión del tribunal inferior -es decir ratificar tácitamente la inconstitucionalidad del pacto- o revocar esa decisión a través de una nueva sentencia y con nuevos fundamentos. El pacto -nunca ratificado por el Parlamento iraní- implicaba la posibilidad que un juez argentino se trasladara a ese país para “interrogar” a los acusados luego de que una “comisión especial” evaluara las pruebas.