En ese sentido, existe un fuerte malestar en actores políticos y sociales de esa localidad de la Costa Atlántica, ante la intervención de la magistrada. “En este distrito existe un gran consenso político y social para limitar el funcionamiento del Bingo, por el estrago que genera. Hay mucho malestar por la forma en que actuó la jueza, y es insólito que haya sustentado su decisión a partir de la ayuda mínima que percibe una ONG. Esa entidad, en realidad, debería estar siendo asistida por el Estado nacional, provincial y municipal. Y no por un bingo que provoca muchos más problemas sociales que los que puede solucionar. Con ese criterio, hasta se podría avalar la venta de drogas, en caso de que un narcotraficante decida brindar ayuda social”, le dijo a Hoy el concejal Alberto Esnaola, autor del proyecto de ordenanza que suspendió la magistrada.

Distintos trascendidos dan cuenta, en realidad, que detrás de esta movida no sólo se encuentra la empresa -con sede en San Luis- que explota el juego en Necochea, sino también grupos mucho más poderosos como Codere, Boldt y Cristóbal López, que buscan crear un antecedente judicial para evitar que avancen iniciativas similares en otros distritos, donde se está buscando ponerle un coto al funcionamiento de los bingos.

Tal como lo viene informando Hoy, la jueza Cardoni hizo lugar un recurso de amparo presentado por la empresa que explota el Bingo y dictó una medida cautelar que frenó la aplicación de una ordenanza que fijaba el horario de funcionamiento de la salas de juego, tanto en su modalidad de bingo como para la ruleta electrónica y tragamonedas, de acuerdo al siguiente esquema:

* Lunes a viernes: de 18 a 4.

* Los días sábados se podrá reiniciar la actividad a partir de las 18 hasta las 5 del día siguiente.

* Los días domingos y feriados, sean estos últimos, nacionales, provinciales o locales, se podrá iniciar la actividad desde las 16 hasta las 5 del día siguiente.

Lo llamativo, además, es la forma en que la jueza desvirtuó la figura del recurso de amparo, que debería servir para proteger a los ciudadanos en sus garantías fundamentales y a la propia Constitución al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos. Por el contrario, el fallo de Cardoni está vulnerando los derechos de los ciudadanos de Necochea, que son víctimas de un verdadero flagelo social como es el juego, que puede hacer perder a una familia el fruto de una vida de trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Y que también provoca un serio daño a la economía local: se calcula que, por año, se fugan de 6 millones de dólares de Necochea, que son sustraídos por la empresa y que son derivados a San Luis para “proyectar más juego”.

Un dato, por demás significativo (que no tuvo en cuenta la magistrada), es que los apostadores que concurren a esa sala corresponden a los sectores con serios problemas económicos, que muchas veces encuentran en el juego la única posibilidad de obtener recursos para cubrir sus necesidades básicas, pero que a su vez se exponen al riesgo de quedarse sin nada.