El máximo tribunal dispuso que se "garantice una solución habitacional" para la madre y el menor, que hasta hace poco vivían en situación de calle. Los jueces exigieron una "solución permanente" para la "excepcional necesidad planteada" por la mujer, nacida en Bolivia.

El 8 de julio de 2005, la jueza de primera instancia en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores 7, Silvia Amanda Sevilla, con sede en la localidad de El Colorado fue destituida del cargo porque, entre muchos resolutorios de la magistrada que apuntaban a proteger a menores y familias carenciadas, las autoridades políticas provinciales y del lugar se sintieron ?amedrentados? por esas decisiones, fantaseando las condiciones judiciales para sacarla del medio. Ampliaremos.

La Corte Suprema sostuvo en el fallo que "si bien no hay un derecho a pedir una vivienda, existe una garantía mínima para las personas que afrontan situaciones de extrema vulnerabilidad". Así, resolvió el planteo formulado por Sonia Yolanda Quisberth Castro, madre de un niño de 6 años que padece encefalopatía crónica y gracias a medidas cautelares está alojada en hoteles del gobierno porteño.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, mediante un voto común, más los votos concurrentes de Carmen Argibay y Enrique Petracchi, determinaron que el gobierno porteño deberá suministrarle a la mujer de nacionalidad boliviana y a su hijo argentino "un alojamiento con condiciones edilicias adecuadas, sin perjuicio de contemplar su inclusión en algún programa de vivienda en curso o futuro para la solución permanente de la situación de excepcional necesidad planteada".

Además, la administración porteña deberá "asegurar la atención y el cuidado del niño y proveer a la madre el asesoramiento y la orientación necesaria para la solución de su problemática habitacional".

Poco antes de ser destituida, la doctora Sevilla mandó a trabajar a los concejales de la ciudad de El Colorado, ya que hacía 9 meses que no sesionaban y estaban cobrando puntualmente sus dietas; ordenó el cese de las fumigaciones indiscriminadas con glisofato, ya que estaba enfermando gente y alterando el ecosistema. Además atosigaba a los municipios con pedidos de colaboración alimentaria en desesperación de ver niños al borde de la muerte?.

Descubrió que el Casino de la ciudad de Formosa fue privatizado por contratación directa, sin efectuarse licitación alguna, a una empresa que todavía estaba en formación y se le otorgó la exclusividad.

Había iniciado sus trámites jubilatorios y cuando el Superior Tribunal de Justicia de Formosa la intimó a renunciar para acogerse a los beneficios de la jubilación, se activó una denuncia en su contra que databa del año 2003 y que en ese momento no había prosperado por falta de sustento, pero se fabricaron causales. Se hizo una interpretación retorcida del Derecho y la sentaron en el banquillo de los acusados como si fuera una delincuente, ante la angustia de sus hijos, sus hermanos y sus padres ya ancianos que no se explicaban lo que pasaba. El Jurado de Enjuiciamiento, acólitos del poder de turno cumplió con su mandato y los no tan honestos jueces juzgaron a una jueza honesta e independiente y la destituyeron.

La sesión final del jury de enjuiciamiento se expidió con un contundente voto de 6 a 1, removiéndola de sus funciones (sólo el diputado Carlos Maglietti votó en contra).