El intendente Edgardo Sapag había denunciado a Martina porque la jueza desestimó una denuncia para desalojar el municipio de una toma en julio de 2010.

Neuquén > La Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento rechazó la denuncia que presentó el intendente de Zapala, Edgardo Sapag, y decidió no realizarle el jury a la jueza de Familia de la localidad, Gloria Martina.

El tribunal integrado por Alberto Tribug, Marcelo Inaudi y Ariel Urbieta declaró la inadmisibilidad de la denuncia contra la jueza por unanimidad. Según la Resolución 17, el proceder de Martina "no constituye un actuar que implique un desconocimiento del derecho".

El intendente Sapag denunció a Martina por mal desempeño en sus funciones judiciales a raíz de que ella desestimó una denuncia para desalojar el municipio de una toma que mantenían sus empleados en julio de 2010.

La jueza que actuó como subrogante en feria desestimó esa denuncia de Sapag de acuerdo a una única prueba policial donde se registró que la toma era pacífica, en antagonismo a lo que el intendente denunció.

Martino señaló que "la ocupación de la sede comunal no sólo posee carácter pacífico sino que además tiene su origen en reclamos de estricta índole gremial".

Esa resolución fue impugnada por el fiscal de Cámara, Héctor Trova, y la Cámara de Apelaciones en lo Criminal opinó de la misma forma y se anuló la decisión de la jueza.

Argumentos

"El haber ordenado el archivo de las actuaciones no reviste una gravedad para configurar la causal de mal desempeño", argumentó Tribug, con coincidencia de los otros dos miembros del tribunal. Ya que, según afirmó la Cámara que luego anuló lo actuado por Martina, su decisión resultó prematura debido a la escasa prueba colectada, aunque también remarcó que la magistrada "no omitió prueba a fin de comprobar la existencia del ilícito denunciado por Sapag, sino que diligenció la única que había solicitado el fiscal que intervino, la que valoró para llegar a la conclusión que se objeta".

Además, los miembros del tribunal señalaron que no se puede considerar mal desempeño "cualquier transgresión u omisión" que protagonice un juez puesto que eso comprometería la garantía constitucional de la inamovilidad e imparcialidad de la función de magistrado.