La Jueza en lo Correccional de Garantías y Menores 2 del Distrito Judicial del Norte Tartagal, Sandra Sánchez condenó a dos meses de prisión en suspenso a diez piqueteros que en julio de 2008 cortaron un camino que conduce a un pozo petrolero en Salvador Mazza.
Los manifestantes cerraron el paso al camino principal que conduce al pozo Tuyunti CTX2, a cien metros al norte del puesto de control de Gendarmería Nacional en el paraje "El Chorro".
En su sentencia, la magistrada fundamentó que "si bien la Constitución Nacional además de reconocer los derechos que invocan los acusados, que es el solicitar trabajo, exige que sean pacíficos y razonables, no pueden canalizarse a través de delitos".
Y concluyó que los piqueteros lesionaron la seguridad pública de los que circulaban por la ruta que cortaron, mediante la producción de un peligro. Los manifestantes, dijo la magistrada, "estorbaron" y entorpecieron el funcionamiento de los transportes o la prestación de los servicios.
Además de la prisión en suspenso, Sánchez les impuso a los piqueteros como regla de conducta, "la obligación de abstenerse de concurrir a manifestaciones ilegales", lo que podría indicar que no pueden participar en marchas que no hubieran sido previamente "avisadas" a la policía.
Además, dos acusados -Irma Cristina Veisaga y Walter Emilio García, fueron declarados rebeldes, con pedido de captura, "por eludir el accionar de la justicia"
La noticia de la condena no cayó bien en General Mosconi.
Allí Mario Rearte, un dirigente piquetero que participó del corte del miércoles pasado, cuestionó la imparcialidad de la jueza.
"Sánchez no puede ser a la vez juez y parte. Tiene un pariente profesional en la Panamerican Energy", resaltó. Y en tren de describir las vinculaciones de la empresa petrolera, resaltó que el abogado de la empresa petrolera es "Rodolfo Urtubey, el padre del gobernador de la Provincia".
Después el dirigente comparó la condena a dos años de prisión de los diez piqueteros sólo por cortar un camino, con la "estafa que sufrieron los ex trabajadores de YPF, que no pudieron cobrar desde el año 91 nada del 10 por ciento del paquete accionario que les pertenecía". Rearte, calificó como "dramática" la situación en Mosconi. "Aquí prácticamente están paralizadas las obras públicas y no hay inversión. O sea, no hay trabajo. Se ha anunciado la construcción de un camino entre Mosconi y Tartagal, pero todavía no hay nada".
Los fundamentos de la sentencia de Sánchez fueron leídos la semana pasada, pero fueron difundidos ayer por el Poder Judicial.

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