Un poco de seriedad y equilibrio institucional no le vienen mal a un país en el que el Poder Ejecutivo asume que es el único poder del Estado y está dispuesto a borrar de un plumazo a los otros dos.

El lunes último, la presidenta Cristina Kirchner derogó el decreto 2010/09, suspendido por Sarmiento y por la Cámara Federal, y lo reemplazó por otro DNU idéntico. Existe entre ambos decretos una identidad casi fotográfica y la maniobra presidencial fue una burda falsificación del nombre de una norma, para evitar los efectos de los fallos judiciales.

La oposición, muy ajustada en números en el Congreso, recurrió una vez más a la Justicia.

Muchos esperaban que la Corte se animase a ampliar la medida cautelar dispuesta por Sarmiento. Pero la Corte resolvió que no podía hacerlo, porque el primer decreto había sido derogado. "La Corte Suprema es independiente, pero no defiende al Poder Judicial. La Presidenta se burló de la Justicia", dijo la diputada Elisa Carrió (CC).

Desde el punto de vista político, hubiese sido un abierto y durísimo desafío al Poder Ejecutivo. Y, desde el punto de vista técnico, la Corte se mantuvo dentro de los límites jurídicos y su decisión no es cuestionable. Pero sí valía esperar que, incluso, dentro de esa resolución escueta, la Corte hubiese incluido alguna advertencia contra los abusos del poder.

El esperado fallo lo dictó, finalmente, la jueza Claudia Rodríguez Vidal. Tuvo coraje. Semanas atrás, dos camaristas federales se animaron a autorizar el aumento del abono de la TV por cable y el Gobierno, disgustado con la sentencia, puso sus nombres en un aviso publicitario. Los sometió a un linchamiento mediático tan inmerecido como incompatible con el respeto que el Estado de Derecho les debe a los jueces. Ella corre el mismo riesgo.

Pero Rodríguez Vidal no estaba dispuesta a tolerar que la política se burlara de la Justicia por el simple artilugio de cambiarle al decreto su numeración. Algún juez debía restablecer el equilibrio.

Ahora bien, la oposición no puede convertir al Congreso en un panteón de próceres ni un archivo de buenos discursos de tono institucional.

Sin una medida cautelar se correría el riesgo de que las demoras del Congreso en expedirse sobre el DNU pudieran facilitar que las reservas del BCRA terminaran por escurrirse. Ahora, con ese fallo, el Congreso y, en particular la oposición, tienen que asumir finalmente el rol que les corresponde. La Justicia no los puede sustituir.