La suspensión judicial generó el anuncio de la Comisión Directiva del gremio de un estado de "alerta y movilización" cuyo plan de acción se decidirá mañana a las 10. La intención de esta convocatoria es determinar "las medidas a adoptar ante esta injusticia y el atropello para con las instituciones", tras una medida cautelar dictada por la Justicia.

"La movilización propuesta es una clara maniobra de presión sobre el camarista que tiene a su cargo estudiar la causa", sostuvo Roque Rueda, el abogado que patrocina a un grupo de afiliados que se presentó a la Justicia para pedir la declaración de inconstitucionalidad del nuevo Estatuto.

En una solicitada ATSA apunta a los "vicios" en la presentación de la lista, La Nueva Sanidad, en tanto algunos de los afiliados que presentan el recurso de amparo eran candidatos de esta lista. En su explicación, se indica que la mencionada lista quedó fuera de los comicios por incumplir (según la Junta Electoral), con los 88 candidatos a congresales que ATSA solicita según el nuevo estatuto, y que implica que cada uno sea de un lugar del interior de la provincia. En una respuesta a ATSA, Rueda señaló que con una maniobra de este tipo la intención de ATSA, fue " 'sacarse de encima' a los afiliados y asegurarse una estructura de poder sin controles. Y de paso, hacer imposible la participación de otros sectores".

En defensa

En tanto, Abel Zapana, secretario gremial de ATSA, defendió la reforma del estatuto de la entidad y dijo que apunta a consolidar el federalismo de los trabajadores de la sanidad. Destacó que la reforma posibilita la representación de los lugares más alejados de la provincia y que tengan un lugar en la comisión directiva. Explicó que la asamblea de afiliados sigue vigente y que se crea un congreso de delegados.

Sobre la presentación judicial, de la lista opositora, Zapana defendió el derecho de cualquier afiliado de concurrrir a la Justicia, al tiempo, que cuestionó que la lista opositora sólo busca ”confundir al afiliado”. Recordó que ya recurrieron a un juez de Primera Instancia que no aceptó el planteo y sostuvo que el Ministerio de Trabajo de la Nación es la única autoridad de aplicación y ante ello fueron a reclamar a un camarista del crimen