VIEDMA (AV).- El juez Fermín Donate no hizo lugar a la contracautela presentada por el fiscal de Estado, Alberto Carosio, para que deje sin efecto la medida de no innovar que impide la entrega de 54 viviendas del IPPV, otorgadas a través del Sindicato de Viales. Por ese motivo, las casas continuarán sin ocupar, quedarán bajo la responsabilidad de la empresa constructora y la demanda presentada por un grupo de perjudicados seguirá su curso en los términos previstos.

Los damnificados recurrieron a la Justicia como cesionarios de lotes vendidos por el gremio que conduce Carlos Sansuerro, en los que se les prometió que el IPPV construiría sus viviendas. Sin embargo, tras haber pagado y transcurridos en muchos casos hasta cinco años, los reclamantes confirmaron este año que quedaron fuera de las nóminas.

Por eso, presentaron demandas ante la Justicia –en total son 12– y, cuando se conocieron oficialmente los listados, su patrocinante, Ricardo Montanari, solicitó una medida de no innovar para preservar los bienes que se estaban reclamando. Donate dio curso y la entrega quedó paralizada hasta que se resuelva el conflicto judicial.

La semana pasada, el fiscal de Estado, presentó una contracautela con un ofrecimiento de sustitución de la medida precautoria, haciendo constar que el Sindicato entregaría otros lotes y el IPPV gestionaría otras casas en Nación para cumplir con todos los actores. Ayer, el juez rechazó esa pretensión y definió que la causa siga con la medida de no innovar.

Montanari indicó que solicitará que se agote la intervención de la Comisión de Transacciones, que no condujo a soluciones, y que se notifique de las demandas al gremio y al Instituto. "Lo que analizará el juez en cada demanda es acreditar si tiene derecho cada actor demandante. Recordemos que hay 80 cesionarios y 54 casas, por lo que la intención nuestra es que el juez anule la lista oficial y ordene formular una nueva de acuerdo al orden de compra. Es decir, que los que reciban la casa sean los primeros 49 –otros 5 quedan en el cupo para familias con integrantes con discapacidad– que compraron y que cumplan con los requisitos en el momento de la elaboración del listado", sostuvo el abogado.

También destacó que, en caso de que alguno de sus representados no vea satisfecha su situación, iniciará un nuevo juicio por daños y perjuicios contra el Sindicato de Viales.