Los De Franco, que tendieron un alambrado entre el puesto donde vive Albornoz con su familia y una aguada, aceptaron liberar el paso para que sus animales no mueran de sed. La medida se mantendrá hasta que se resuelva una denuncia por estafa iniciada por el Ministerio Público Fiscal contra los De Franco.

La disputa de Albornoz con Fernando Alfredo, Antonio Santiago y Oscar Alberto De Franco es de vieja data. El puestero, una persona de condición muy humilde que ayer concurrió a la audiencia acompañado por su hijo Carlos, hace años quiso escriturar las 10.000 hectáreas por posesión veinteañal, ya que su padre las había ocupado desde la década del '30, pero la jueza civil Gabriela Pibotto falló en su contra aduciendo que las tierras estaban registradas a nombre de los hermanos, oriundos de La Matanza. La compra se realizó en abril de 1999.

Hace unas semanas, personal de la empresa "Juan Galván" colocó alambrados de cinco hilos por la mitad del camino vecinal por donde Albornoz accede a su casa y también aisló a los animales de la aguada, lo que tensó aún más la situación. De acuerdo a la versión del puestero, de su abogado Cedrún Gutiérrez y del ex diputado Juan Carlos Scovenna, que ayer lo defendió, además de los De Franco están detrás de la maniobra el ex presidente de la comisión de fomento de Limay Mahuida, José Luis Nieto y el santarroseño Leonardo Andrés Alessandrelli (tendría un contrato de alquiler temporario).

Todas las partes calificaron a la audiencia de "inédita" por sus particularidades y el fiscal general, Guillermo Sancho, arriesgó que desde que se implementó el nuevo Código Procesal Penal no hubo otra de similares características. Esa situación sui genéricos llevó al defensor oficial Pablo De Biasi a calificarla de ilegal. En el comienzo del largo debate, De Biasi estuvo sólo, pero después lo acompañó un abogado de Trenque Lauquen, Juan Pablo Ripamonti, en representación de los De Franco. En un momento se dijo que uno de los hermanos -a los que no se les conocen los rostros- se presentaría en la sala, pero finalmente eso no ocurrió.

Cada uno pide lo suyo.

Scovenna, después de contar la historia del despojo, pidió tres medidas cautelares: a) el retiro urgente y el secuestro del alambrado, porque sostuvo fue colocado sin autorización de Albornoz, b) la prohibición de ingresar al campo a todos los que participaron de su tendido, incluyendo a los hermanos, Alessandrelli, Nieto y Galván "hasta que haya una sentencia definitiva", y c) se le prohíba a esas mismas personas acercarse a menos de 300 metros de Simplicio y su familia por la "violencia moral" que significó "haber cercado la calle de ingreso al puesto y la aguada". Y recordó más de una vez que la ley provincial 2.222, aprobada en 2005 y prorrogada hasta hoy, prohíbe "los intentos de despojo o desalojo aun con sentencias judiciales" en los chicos departamentos del oeste.

Sancho sólo adhirió al primer planteo y pidió que "se abra el alambrado para permitir que los animales puedan recorrer 400 metros para tomar agua en la aguada". Sobre los otros dos puntos, explicó que no los respaldaría porque antes habría que formalizar una acusación e imputarle un delito a alguien. Y acotó que la investigación sobre una presunta estafa procesal -eventualmente presentar documentación apócrifa para justificar la adquisición del campo- está en una etapa muy preliminar.

No obstante, el fiscal general aportó un dato interesante: cuando las tierras salieron a remate, los potenciales compradores supieron que estaban ocupadas por varios puesteros, entre ellos Albornoz. "El 9 de septiembre de 1999, la jueza Pibotto libró un mandamiento de posesión a favor de los hermanos De Franco al juez de paz de Limay Mahuida y ese mismo día los De Franco firmaron un convenio de desalojo con Albornoz para que en abril de 2002 dejara el campo. Sin embargo, hasta ahora no han iniciado una demanda por desalojo", señaló Sancho.

A su turno, De Biasi cuestionó todo, empezando por la propia audiencia, a la que calificó de "aventura" e incluso dijo que era "temerario" haberla realizado porque a través de ella se pretendía "deslegitimar una sentencia de cosa juzgada", en alusión al fallo de Pibotto, que fue ratificado por la Cámara de Apelaciones. Obviamente, se opuso a todas las medidas cautelares, y afirmó que actualmente no hay impedimentos para que los animales accedan a la aguada.

Visita a Limay Mahuida.

Frente a posiciones tan enfrentadas, el juez Saez Zamora instó al diálogo entre las partes e hizo mucha fuerza para que aceptaran. Incluso propuso que la charla fuera privada, pero Ripamonti directamente hizo pública la oferta de los De Franco para permitir que "las poquitas vacas que tengo, las chivas y los yeguarizos" -de acuerdo a los dichos de Albornoz- no mueran de sed. "Necesito su palabra, como hombre y como abogado, de que permitirán el libre acceso de Albornoz a su vivienda y de los animales a la aguada", le exigió el magistrado a Ripamonti.

El punto que no se pudo resolver fue la exigencia de Albornoz de que le permitan llegar al puesto por el camino vecinal por donde siempre ingresó. Cuando las partes extendieron sus mapas sobre un escritorio, ahí "saltó" que el lote por donde pasa el camino -que según Albornoz fue abierto por él y su familia- no pertenece a los De Franco, por más que existan sospechas de que no es así. Por eso, para constatar in situ, cuál es la realidad en ese campo de Limay Mahuida, Saez Zamora viajará hoy hasta allí. Por eso anticipó que puede haber nuevas medidas y otras audiencias.