Tal aseveración lo hizo en el marco de la ?magnitud y gravedad de los delitos cometidos y la enorme repercusión social que semejante conducta ilícita originara, incluso a nivel nacional, siendo de una de las razones fundamentales del actual estado deliberativo de personal subalterno de Gendarmería y Prefectura, circunstancias todas reprimidas por la legislación penal y hasta por el artículo 36 de la Constitución Nacional atento a encontrarse tipificado graves delitos dolosos contra el Estado que importan un verdadero atentado contra el sistema democrático?.

Ante tal situación, agregó el profesional, ?éste señor debe ser inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargos o empleos públicos, sostiene el conocido profesional del derechos, quien asimismo requiere un pronunciamiento del Consejo Profesional de la Abogacía y del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Formosa ante lo que se evidencia objetivamente como una descomunal maniobra judicial a fin de perpetrar el mayor latrocinio institucional de nuestra historia, pues el silencio en estos casos implica alguna complicidad por omisión?.

ASOCIACION ILICITA

El juez subrogante Zaracho, a cargo del Juzgado Civil de El Colorado, concedió medidas cautelares en favor de 12.800 agentes de Gendarmería Nacional, un tercio del total de integrantes de esta fuerza de seguridad y casi la misma cantidad de habitantes de esa ciudad del interior, domiciliados todos fuera de la provincia y en su mayoría en el extremo sur del país, tramitándose demandas de amparos en 47 expedientes que el magistrado resolvió en el tiempo record, por su brevedad, de dos días, siendo manifiestamente incompetente y en violación de expresas normas de fondo y procesales en la materia, al punto tal de considerar cumplido el ineludible requisito de fianza previa para responder por daños y perjuicios con los simple caución juratoria de abogados que ni siquiera están matriculados en Formosa.

La maniobra delictiva con participación necesaria del juez Zaracho fue producto de un ?modus operandi? premeditado y ejecutado con descomunal alevosía, calcándose similares casos producidos en otros lugares del país y que permitió a la misma banda beneficiarse con 200 millones de pesos en la ciudad de Corrientes a fines del año 2009, por ejemplo, según es de público y notorio conocimiento por la prensa nacional.

Las medidas cautelares que obliga al estado a ?liquidar diferencias salariales de acuerdo a la petición de los actores?, de manera genérica sin especificar suma alguna, fue dispuesta por el Juez Zaracho en el punto 1° de sus resoluciones mientras que en el Punto 2° se declara incompetente y manda todas las actuaciones al Juzgado Federal de Resistencia, poniendo de manifiesto su certeza de que no estaba habilitado para dictar tales medidas de acuerdo, no sólo de normas locales, sino de las previstas en la ley nacional de amparo, sin perjuicio de que solamente este inefable magistrado sabrá el porqué de tamaña derivación a un tribunal federal ajena a la jurisdicción provincial.

En consecuencia nos encontramos con una banda criminal organizada en asociación ilícita con participación de abogados, jueces y jefes contables y jurídicos de las propias fuerzas de seguridad, quienes obtienen cuantiosos beneficios económicos al margen de la ley, sin límites institucionales, ni jurídico, ni moral alguno, atentando alevosamente contra el estado de derecho y el sistema democrático, socavando sus cimientos mediante la corrupción, tal como lo prevé el artículo 36 de la Constitucional Nacional.

IMPUNIDAD

Corresponde, continuó el doctor Velázquez Ibarra, que tan inescrupuloso magistrado sea inmediatamente separado de su cargo de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de Formosa y con los elementos probatorios ya colectados en el sumario administrativo labrado por denuncia de la Procuración del Tesoro de la Nación, se ordene la acción penal por los múltiples delitos perpetrados por todos y cada uno de los miembros de la asociación ilícita conformada para cometer latrocinio en perjuicio del Estado, cuyos bienes pertenecen al patrimonio común de los argentinos no de los gobernantes de turno a quienes corresponde la custodia de los mismos.

Confío aún, dice el reconocido abogado defensor de derechos humanos, que la invocación del juez Zaracho sobre su vinculación con la Fiscal de Estado, gestada cuando compartían tareas laborales en el Tribunal de Familia, y el hecho de que la banda de latrocinadores haya contado con el patrocinio letrado de un abogado relacionado con el estudio jurídico del Presidente Provincial de la Legislatura Dr. Armando Felipe Cabrera, no opere para lograr la impunidad de tamaño delincuente.

Sintetizando, ?sin existencia de una justicia independiente e imparcial, con jueces probos, munidos de idoneidad técnica y moral, no se puede afirmar que estamos en un estado de derecho y en democracia, imponiéndose pronunciamientos públicos de repudio a la corrupción pues, en estos casos, la peor opinión es el silencio cómplice?, concluyo el doctor Velázquez Ibarra.