“Malditas feministas, zurdas, inorgánicas, negras de mierda”, esos son algunos de los calificaciones que Norma Mores y otras mujeres que participan de un instituto interno por la igualdad de oportunidades del sindicato Gastronómico sufrieron por parte de cuatro dirigentes. El 26 de febrero pasado, la secretaria de Actas y Afiliaciones de la UTHGRA logró filmar una de las agresiones del secretario gremial, que sobrepasó lo psicológico y llegó a ser física. El juez en lo civil y comercial Néstor García dictó una orden de prohibición de acercamiento contra los cuatro denunciados, integrantes de la comisión ejecutiva. El magistrado ordenó que cese “cualquier tipo de hostigamiento” contra la dirigente y también indica que “se reorganicen los horarios laborales de los demandados, a fin de que no se crucen” con la denunciante en su horario laboral. Otro punto de la resolución es que el secretariado nacional de Gastronómicos adopte medidas administrativas, y la comunicación al área de violencia laboral del Ministerio de Trabajo. La orden fue emitida el 9 de marzo pasado y tres días después, el secretario general del Sindicato, Mario Di Renzo, le notificó a Mores que tenía una licencia por 30 días, algo que ella no había solicitado.

La denuncia indica que desde hace dos años, la dirigente gremial recibe tratos discriminatorios y violentos de otros integrantes de la comisión ejecutiva. La resolución de García tiene diez páginas. Rememora que la denunciante es víctima de maltrato, acoso psicológico y violencia de género. La violencia comenzó cuando la dirigente se integró al IPLIDO, que es un instituto interno del sindicato conformado para “generar igualdad de oportunidades” y que logró que muchas trabajadoras, afiliadas y compañeras que sufrían violencia participaran en esa instancia. “Esto trajo aparejado que dentro de la seccional Rosario se generen debates sindicales y una rivalidad”, se lee en la resolución. “Señala que han enfocado la ira contra su persona y que aquello que en un principio fue maltrato recurrente ha pasado a mayores, llegando a gritarle y descalificarla, mediante humillación pública, efectuando amenazas a todo aquel que se le acerque, con el fin de separarla de su entorno habitual y laboral”, retoma el juez García en su resolución.

El 23 de febrero, Mores recibió una amenaza en relación a la vida de sus hijos, y por eso realizó una denuncia penal. “Este tipo de accionar, que es habitual en relación a las mujeres, no lo es en relación a los varones”, apuntó la denunciante y fue tenido en cuenta por el magistrado.

El 26 de febrero, luego de que Mores anunciara la conformación de la Agrupación Gastronómica Rosarina, uno de los denunciados fue a su oficina y se le “abalanzó”, mientras la insultaba y le dio un rodillazo diciéndole que iba a matarla. “Te voy a matar, negra de mierda, zurda”, fueron algunas de las cosas que le dijo. La militante sindical realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer. Esa agresión fue grabada en el teléfono celular y se viralizó. La Intersindical de Mujeres de Rosario publicó un repudio. "Expresamos el total rechazo a cualquier forma de desarrollo de la política sindical que esté vinculada al uso de la violencia. Denunciamos el abuso de poder, el uso de la fuerza y las amenazas de muerte ejercidas contra nuestra compañera y nos declaramos en alerta frente a cualquier episodio o acto que intente volver a vulnerar sus derechos", afirma el comunicado de las sindicalistas organizadas.

En los considerandos, el juez García retoma la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El magistrado considera que “la requirente se encuentra inmersa en una situación de grave hostigamiento psicológico y físico, con tintes persecutorios, de parte de cuatro varones”.

Mores era delegada sindical de una empresa de cátering y desde 2017 fue elegida como integrante de la comisión ejecutiva de UTHGRA, en la Secretaría de Actas y Afiliaciones. Participa en la Intersindical de Mujeres, una articulación de sindicalistas de distintos gremios.