Era cuestión de horas para conocer la respuesta que los jueces iban a tener tras las acusaciones del Fiscal de Estado, quien dijo que habría que investigar los magistrados que llevaron las expropiaciones irregulares que terminaron perjudicando al erario provincial y con un abogado cesanteado. El Camarista Civil Roberto Pagés, actual presidente del Colegio de Magistrados y uno de los jueces nombrados por Díaz como los que deberían ser investigados, salió al cruce de una manera muy dura y crítica hacia la figura del fiscal de Estado. El Magistrado dejo en claro que Díaz está intentando cambiar el foco de atención, amenazando con jurys. “No es un mecanismo para corregir errores la amenaza de un jury, la amenaza de someter un juez a un juicio de responsabilidad y más cuando la persona que debía defender los intereses del Estado incurrió en negligencias como quedó demostrado en el decreto del gobernador. Me parece que hay que poner las cosas en su lugar, cada uno debe hacerse responsable de lo que le corresponde. Distinto hubiese sido que diga que un juez fallo intencionadamente en contra del Estado. Si un juez comete errores, la propia ley preve mecanismos para solucionar esos errores. Si el encargado de defender los intereses del Estado no utilizó esos mecanismos, ya no es responsabilidad del magistrado sino de quien defiende los intereses del estado. Creo que Díaz, como cualquier funcionario publico también tiene que estar sometido a los controles. Y si él es el responsable principal de cuidar el patrimonio del Estado y él esta diciendo que el Estado pago mal, bueno la responsabilidad es clara de quien es”, sentenció. Según el decreto que firmó el gobernador, en el caso del cuarto juzgado civil que administraba Pagés, no se tuvo en cuenta pericia del Tribunal de Tasaciones de la provincia y finalmente se terminó dictando sentencia sin esa posición. Pagés se encargó de aclarar y dar su versión sobre esa causa. “Quiero aclarar que el juez en un proceso judicial, no puede estar a favor ni del actor ni del demandado. Tiene que actuar de forma independiente, justa y razonable, es por eso que no puede estar a favor de lo que diga el Fiscal de Estado. Tiene que haber igualdad de oportunidades en el proceso. Si el Estado no presenta pruebas y se le vencen los plazos, y va a tener sanciones como cualquier ciudadano. Si ocurre lo contrario el juez dejaría de ser imparcial, como debe ser lo, para ser parcial. Si en el caso específico que me tocó resolver vienen y me dicen que se vencieron los plazos para que se presentara la pericia del tribunal de Tasaciones de la provincia, no existía ninguna ley que me obligara a esperar esa posición. Yo tenía que continuar con el proceso ya que tiene plazos que cumplir como así también el juez. De lo contrario, si no respeto los tiempos, tranquilamente se me puede sancionar con justa razón. Y si se cometió algún error por parte del juez de primera instancia, existen las vías recursivas para corregir esos errores, la apelación. Acción que no presentó el abogado de Fiscalía de Estado”, aclaró.

Roberto Pagés, juez camarista civil

“Por ejemplo si se comprobara que un magistrado recibió dinero para que dicte una determinada sentencia, no hay dudas que no puede ser juez, que tiene que ser echado. Pero primero hay que probárselo, se tiene que demostrar que no actuó como corresponde. Lo que esta mal y lo que desacredita todo el sistema del poder judicial, es que se haga amenazas de manera indiscriminada, lo que hace que el ciudadano común descrea del sistema judicial. Más cuando la persona que lo hace es una persona con una gran responsabilidad como lo es el Fiscal de Estado”.

Hoy se reúnen los jueces

Tras la explosión del escándalo de las expropiaciones mal realizadas y la inclusión dentro de las sospechas de algunos jueces, es que estos últimos quieren analizar la situación y ver cuáles son las acciones que se toman. En este sentido hoy por la tarde, en la sede del Colegio de Magistrados, esta convocada la comisión directiva de la institución para abordar el tema. Su titular, Roberto Pagés, aclaró que “los integrantes de la comisión directiva del Colegio de Magistrados han pedido una reunión para tocar este tema. Por supuesto que yo me voy a excusar de tomar partido en esa reunión, pero voy a participar como presidente del Colegio. Ellos tienen todo el derecho de hacer una reunión y fijar una posición, por que tienen todo el derecho de hacerlo. Creen que esta amenaza, de decir por parte del Fiscal de Estado, voy a ver si pudo un jury de enjuiciamiento, nos hace mal a todos como jueces, no como corporación. Sino como miembros del Poder Judicial que queremos brindar el mejor servicio posible, por lo que me han comentado”, aclaró.