Después de una trama digna de una novela policial, que incluyó intercambio de cadáveres, exámenes de ADN truchos y la renuncia de un juez, prescribió la causa abierta contra un custodio privado por atropellar a un nene en Pilar, sin que se haya podido hacer justicia. Pero, para generar más indignación en sus familiares, ahora el ex juez que intervino en el caso les inició una demanda por 150.000 pesos.

Según relata Walter Juan, el padre de la víctima, todo comenzó la noche del 19 de marzo de 2005, cuando su hijo Nicolás, que en ese momento tenía 4 años, fue atropellado por Juan Carlos Díaz, un vigilador del country La Legua, que manejaba un carro de golf. “El carro de 500 kilos lo pasó por encima y lo arrastró diez metros”, contó Walter a 24CON. El chico recibió heridas graves y fracturas, pero sobrevivió.

La familia esperó dos años para llegar al juicio oral pero, el primer día, los abogados defensores, del estudio Romano Duffau, dijeron que su cliente había muerto, por lo que pedían la suspensión de la audiencia. Ahí comenzó el bochorno: cuando pidieron que se presentaran las pruebas, les dieron el certificado de defunción de un NN. “El cuerpo no había sido reconocido”, explica Walter.

A pesar de eso, el entonces juez de San Isidro, Fernando Ochoa, hizo lugar al pedido y comenzó un escándalo que terminó en un enfrentamiento con el abogado de la familia del nene, Gregorio Dalbón. El papelón fue registrado por varios canales de televisión, que mostraron el momento en que, en un pasillo de los Tribunales de San Isidro, Ochoa se tiró al piso y fingió que Dalbón le había pegado.

[JUAN CARLOS DIAZ]

Juan Carlos Díaz, el acusado que dieron por muerto

Según los defensores, Díaz se había tirado de un tren, el supuesto cuerpo estaba desfigurado y no había testigos. Como la autopsia realizada no adjuntaba ni huellas digitales ni muestras dentales, los Juan solicitaron un examen de ADN. Los resultados del estudio informaron que el cuerpo era de Díaz, pero se descubrió que habían contrastado las muestras con las de un hermano político del custodio, que no tenía ningún lazo de sangre con él.

La familia solicitó entonces la exhumación del cadáver, y ahí la sorpresa fue doble: “En la tumba había una mujer, una anciana”, recuerda el papá de la víctima. “Todo lo que habían hecho los abogados y el juez estaba completamente fuera de la ley”.

Tras las repercusiones, el magistrado Ochoa se excusó de la causa, mientras que el expediente recorrió varios juzgados, hasta caer en manos de la jueza Emma Prada. En paralelo, a Ochoa se le inició un juicio político, que evitó presentando la renuncia a su cargo.

“A fines del año pasado, los defensores pidieron la eximición de prisión del supuesto muerto, pero la jueza Prada se las negó”, relata Walter. Sin embargo, luego de cinco años, nadie sabe dónde está Díaz y la causa prescribió. Mientras tanto, los Juan se enfrentan a una demanda de $150.000 por parte del ex juez Ochoa, que los acusa de haber "dañado su honor" por hacer públicas las irregularidades de su accionar.

"No sólo no logré justicia en el caso de mi hijo, sino que ahora uno de los victimarios demanda a la víctima", reflexiona Walter.

[Country La Legua]

La entrada del country La Legua, de Pilar

A partir de la investigación propia que iniciaron, la familia Juan también pudo averiguar que Díaz no era un custodio fijo del country, sino que, el día del hecho, la agencia de seguridad Max Segur SRL, a la que pertenecía, lo había mandado a cubrir un franco. “Suponemos que todo el encubrimiento se dio porque esta agencia andaba en algo raro, posiblemente relacionado con robos y drogas, y que tuvieron miedo de que este hombre, al ser acusado, hablara de más. Si no, no se explica cómo armaron esto y contrataron a un estudio penalista carísimo por un caso de lesiones en el que Díaz ni siquiera iba a ir preso”, señala.

De hecho, al tiempo de que se iniciara la causa, “la agencia desapareció” y se supo que el vigilador “tenía antecedentes por robo, hurto y encubrimiento”. “Seguramente lo mandaban a marcar las casas del country para después poder robarlas”, especula Walter, y agrega que la empresa “pertenecía a un tal Peña, que era un militar retirado”.

Ahora, al ser denunciado por el juez, la bronca es doble. “La plata que me reclama es algo anecdótico, lo que molesta es que debió haber ido a juicio político y, en cambio, le dan el derecho a hacer esto”, se queja.

No era la primera vez que el ahora ex magistrado era denunciado por mal desempeño. En 1982, Ochoa fue acusado por la Aduana por defraudación al Estado, tras una causa por contrabando de material bélico en pleno conflicto de Argentina con Chile por el Canal de Beagle. En esa oportunidad, también evitó el jury de enjuiciamiento, renunciando en el fuero penal económico, lo que le posibilitó, años después, tomar un nuevo cargo en el fuero civil.

“Espero que nuestro caso sirva para que todos reflexionemos. Es una muestra más de lo que vemos todos los días, con los jueces que dejan libres a los criminales. Deja al descubierto lo peor de la corporación judicial”, denuncia el padre, con impotencia.