De esta manera el magistrado hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la diputada provincial contra la Secretaría General de la Gobernación.

En virtud de esta medida, se intimó al Secretario General de la Gobernación, Ernesto Samson a proveer, en el término de 20 días, la información requerida por la diputada Cornejo respecto de la campaña publicitaria oficial "Dos años, haciendo realidad la esperanza", con motivo de cumplir dos años la actual gestión del gobierno de Juan Manuel Urtubey

A principios de diciembre de 2009, la legisladora de Propuesta Salteña había requerido por nota al Secretario General de la Gobernación, informe sobre los montos invertidos en la campaña; detalle de los medios de comunicación que intervinieron en la difusión de la misma; monto abonado a cada medio y beneficios de la campaña a la ciudadanía.

También solicitaba se le remita una copia de los instrumentos legales dictados para autorizar los gastos.

Cornejo recordó que este pedido se efectuó en el marco de lo establecido en la Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución Provincial y el Decreto 1574/02. En estas normas se garantiza el derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos.

El funcionario no respondió a este requerimiento, por lo que en febrero de este año la diputada reiteró el pedido mediante nota, dado que la Cámara continuaba en receso. El Secretario General de la Gobernación rechazó el pedido, argumentando que la legisladora, por sí sola, no podía requerir el informe, ni siquiera amparándose en el Decreto 1574/02, que establece el estándar mínimo de acceso a la información de la Administración Pública. Samsón consideró que el pedido debía tramitarse a través de una Resolución de la Cámara de Diputados y no en forma individual.

Para la legisladora llama la atención que el funcionario desconociera lo preceptuado en el Decreto 1574/02, que establece expresamente que la Secretaría General de la Gobernación es la Autoridad de Aplicación del mismo.

Este Decreto establece que toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración Pública. También expresa que la solicitud de información debe ser realizada por escrito, con identificación del requirente "sin estar sujeta a ninguna otra formalidad" y que el pedido debe ser satisfecho "en un plazo no mayor de 30 días hábiles".

Ante la negativa del Secretario General, la diputada Cornejo, con el patrocinio del abogado Gonzalo Guzmán, interpuso en marzo de este año la acción de amparo que originó la medida del juez Domínguez.