Es tan taxativo que se trata de fondos públicos, y que intervienen personas públicas, que la Fiscalía de Estado, llamativamente, fue contra este grupo de ex funcionarios y no contra los que también tienen condenas firmes por el delito de enriquecimiento ilícito porque aduce que no puede demostrarse que el enriquecimiento se haya producido solamente con dineros del Estado.

La ley 1.612 fue aprobada por la Legislatura a fines de 1994 y promulgada y reglamentada en los primeros meses del año siguiente. Incluso a fines de 1995 fue modificado, también por ley, el artículo 1º para no dejar dudas de que el libre acceso alcanzaba a los periodistas y no sólo a los propietarios de medios.

Cuando este diario pidió ayer en el Juzgado en lo Civil 5 acceder al expediente, Soto mandó a decir a través de una empleada jerárquica que había que remitirse a la Oficina de Archivo de Prensa y Protocolo para que desde allí, eventualmente, permitieran brindar alguna información. El juez no sólo sugirió un camino burocrático y lleno de trabas, sino inútil porque cualquiera que transita los pasillos judiciales sabe que la información no surge de esa dependencia.

En la causa que Soto ocultó, el fiscal del Estado, José Alejandro Vanini, está intentando que cinco de los seis condenados devuelvan lo "desviado" -a través de cuentas corrientes- para comprarse objetos personales, pagarse servicios, organizar fiestas y hacerle regalos a los empleados. Ellos son el ex vicepresidente ejecutivo Hugo Nelson Agüero, el ex gerente general Luis Edgardo Araniz, la ex jefa de Contabilidad y Finanzas, Mirta Isabel Rodríguez de Tieri, el ex tesorero Walter Raúl García, y el ex jefe de Compras y Licitaciones, Juan Cono D'Amico.

Los dos primeros están cumpliendo la condena de prisión efectiva de cinco años en la Unidad 4, mientras que el resto permanece en libertad porque recibió penas en suspenso. El juicio se realizó a fines de 2007 en la Cámara en lo Criminal 1 y quedó firme a mediados del año pasado cuando lo confirmó la Corte Suprema. Los delitos imputados son peculado (sustracción de caudales públicos) y cohecho (pago de coimas).

El acceso al expediente permitiría, entre otras cosas, saber con certeza cuáles fueron los pasos que dio la Fiscalía y qué apuro tuvo para recuperar los fondos (ya que hasta ahora no recobró un peso), si allegados a Agüero hicieron lo imposible para no notificarse de las disposiciones judiciales, y si existe la posibilidad de que la causa prescriba.

La causa contra el hijo de Agüero, en marcha

La investigación contra el abogado piquense Armando Agüero por falso testimonio está en marcha, después que el jurado de enjuiciamiento que absolvió al juez del Tribunal de Impugnación Penal, Carlos Flores, aceptara un pedido del procurador general, Mario Bongianino, y le diera vista al Ministerio Público.

Durante el proceso contra Flores, su acusador, Bongianino, afirmó que Agüero, cuando declaró como testigo, "dio una respuesta que no se compadece con la verdad". Así aludió a que expresó que otro abogado, Raúl Quiroga, sabía que su prima y defendida, Carla Figueroa, había dado su aprobación al pedido de avenimiento a favor de su esposo, Marcelo Tomaselli.

¿Cuáles son las dudas? Que durante la audiencia por el avenimiento, realizada en un tribunal de General Pico, Quiroga le habría dicho a Figueroa, adelante de los jueces, que hacía 20 minutos que se había enterado que ella le había ofrecido su consentimientos a Agüero para que pidiera el otorgamiento del beneficio a Tomaselli, a quien representaba. Agüero, ante el jury, declaró que Quiroga estaba al tanto de las conversaciones desde antes y que había dado el sí.

El legajo quedó a cargo del fiscal Mauricio Piombi. Su primera medida sería citar a Quiroga para que dé su versión de los hechos, que a priori no debería diferir de lo que se escucha en el video de aquella audiencia.

El caso Figueroa-Tomaselli tuvo gran repercusión mediática en el país porque unos días después que a éste último se le otorgara el avenimiento y saliera en libertad, asesinó a Carla de once puñaladas. Luego del hecho, se derogó la figura del avenimiento, una especie de perdón que se otorgaba a los imputados de delitos sexuales, con la aprobación de la víctima.

Armando Agüero es hijo del ex vicepresidente ejecutivo del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, Hugo Nelson Agüero, quien fue condenado por corrupción y está cumpliendo la condena en la Unidad 4.