El 12 de marzo se desató un conflicto entre pasajeros del servicio público de pasajeros y la empresa concesionaria Patagonia Argentina. Tras varias horas de colas interminables para tramitar la credencial escolar para ellos mismos o sus hijos -por la que deben abonarse 8 pesos para adquirir los bonos de viaje-, los cansados usuarios decidieron cortar la avenida Congreso y bloquear la salida de las unidades en señal de protesta.

En el contexto del reclamo, tanto desde el Ejecutivo municipal como desde el Concejo Deliberante hubo profusión de declaraciones respecto de las obligaciones a las que faltó reiteradamente la concesionaria del servicio y se aseguró que la misma sería sancionada.

Pese a que desde ambos ámbitos mencionados se habló de "blancos" en el contrato de concesión, y debió ser sometido a análisis para buscar la figura bajo la que encausar la multa, finalmente, el 17 de marzo, el expediente labrado a efectos de la sanción fue remitido a los tribunales municipales de faltas.

Contrariamente a lo que sucede en líneas generales con las multas de tránsito, que quedan en manos del tribunal 1, 2 ó 3, dependiendo de la fecha de turno, en el caso de expedientes como el convocante, la asignación obedece a la letra inicial de la denuncia, y es así como la carpeta que llevaba la "P", le correspondió ser analizada al tribunal Nº 2.

SIN COMPETENCIA

Fue el 17 de marzo cuando el juez y ex candidato a intendente de Rada Tilly, Juan Carlos Flores, recibió las actas remitidas por la Secretaría de Gobierno del municipio, conteniendo lo actuado por el área municipal de Tránsito y Transporte, englobado bajo su esfera.

Pese a ello, el 20 de marzo, un periodista de Diario Patagónico consultó al letrado sobre el particular y la respuesta fue que el expediente nunca había sido girado a su despacho. Tres días después y luego de la misma insistencia periodística, Flores indicó –extraoficialmente dado que no quiso otorgar entrevista– que por tratarse de un tema contractual y no de una multa común, no era jurisdicción de su despacho fallar en consecuencia.

En horas de la tarde de ese mismo día, 36 días después de haberlo girado, el secretario de Gobierno, Jorge Echelini, recibió nuevamente los documentos que fundaban el pedido de sanción. Estos fueron derivados a la Subsecretaría, a cargo de Omar Albornoz, desde donde se aplicará la multa en forma directa.

El contrato de concesión del servicio establece que ante los incumplimientos a sus obligaciones como prestadora, el municipio podrá multar a Patagonia Argentina con el pago de hasta 1.000 boletos de la primera sección (es decir, $1.500) por cada día en que se registró el incumplimiento.