Durante 60 días fue a trabajar aunque sabía que lo habían echado y que, por lo tanto, no cobraría su sueldo. Finalmente, el jueves, ordenó papeles, entregó las llaves de su oficina y se fue. El protagonista de esta historia es un conjuez de San Rafael quien resistió durante dos meses en su cargo pese a una acordada de la Suprema Corte que le dio de baja.

Envuelto en una batalla judicial contra el máximo tribunal que promete continuar, el juez interino Dardo Ariel Fernández decidió desistir de la medida de no innovar que le había otorgado la Justicia luego de haber presentado una cautelar en un juzgado civil de San Rafael con el fin de ordenar la suspensión de los efectos de la Acordada N° 22.804 dictada por la Corte que establecía el cese de sus actividades a partir del 1 de agosto.

La historia comenzó un año antes, cuando fue nombrado conjuez en la Segunda Cámara del Trabajo sureña. Luego se presentó como candidato a ocupar una de las dos vacantes de esa Cámara, pero fue bochado por el Senado provincial el 29 de junio pasado. Basándose en esa decisión de la Cámara alta, la Sala Administrativa de la Corte, en uso de sus facultades de Superintendencia, ordenó el cese en sus funciones del conjuez.

Fernández, entonces, decidió presentar una acción penal contra la Corte y por una medida de no innovar siguió en su puesto. "Sólo hay tres maneras constitucionales para que deje el cargo: que venga un titular a reemplazarme, que me inicien un jury de enjuiciamiento o que renuncie; nada de eso ocurrió, por lo tanto, la Corte no podía decidir que me fuera", sostuvo en diálogo con Los Andes.

Por eso, durante dos meses, Fernández siguió yendo a trabajar al juzgado hasta el último día del mes pasado, es decir hace dos días, cuando optó por renunciar.

"Decidí irme porque se estaba generando mucho lío. La Cámara que integro estaba paralizada porque nadie entendía si yo estaba o no. Era todo muy complicado, tanto es así que el presidente de la Cámara le giraba casos a otra cámara", dijo Fernández. Además, adujo un motivo económico: "Para mi también ha sido difícil, incluso hace dos meses que no cobro el sueldo".

En tanto, el presidente de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, celebró la decisión del ex conjuez. "Colabora mucho que haya renunciado a la precautoria que está revocada desde hace un mes y medio (en referencia a la orden de no innovar que favorecía a Fernández)", explicó el magistrado a este diario. Además, agregó que espera que "se proponga el juez titular" para terminar el conflicto. El Ejecutivo debe postular a alguien para ocupar ese cargo vacante.

Luego de que el pliego de Fernández fue rechazado, en la Legislatura corrió fuerte el rumor de que el abogado tenía estrecha relación con el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán.

En ese momento, el funcionario de Celso Jaque explicó: "Es de San Rafael como yo y allá nos conocemos todos" , pero a la vez salió a repudiar la determinación de la Corte. "Se hizo una interpretación del alcance de la decisión del Senado de bochar su pliego, cuando para remover un conjuez debe seguirse el mismo procedimiento que para un juez, o sea un jury", continuó.

Fernández, en tanto, sumó: "Con Cazabán no somos amigos. Soy una persona cercana a Cazabán, pero no amigos. Nos conocemos desde que ambos litigábamos en la justicia sanrafaelina, desde que yo llegué de Santa Fe en 1989. Pero suponiendo que fuéramos amigos, nada justifica cómo actuó la Corte".

El abogado dirigió el penal de San Rafael durante la actual gestión. "Fue un cargo más bien técnico", sostuvo. Ahora, volverá a ocupar su cargo de planta en el penal, donde se desempeña como asesor letrado.

Sin embargo, no piensa dar por cerrado el caso. "Quiero que Diputados, el Senado y la Gobernación tomen intervención", expresó Fernández , quien continuará con su embestida contra la Corte a través de una acción penal que será el mismo tribunal que deberá definir.